Miles de madrileños se van a encontrar en un futuro o se han encontrado ya con una subida inesperada en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El motivo no tiene nada que ver con ninguna revisión de los valores catastrales. La razón es que la Dirección General del Catastro ha encontrado algún tipo de obra no declarada o irregularidad urbanística en su vivienda. En concreto, Hacienda ha detectado hasta diciembre de 2014 un total de 9.451 obras ilegales en 20 municipios de los 82 de la región que se están analizando por ahora, según han explicado fuentes gubernamentales. Esto supone que el órgano recaudador ha localizado irregularidades en el 3,71% de los inmuebles (de un total de 254.000) de esta veintena de localidades.

Entre las tipologías de fraude que se han detectado la mayoría, el 54%, corresponde a ampliaciones y rehabilitaciones de viviendas; el 23% son piscinas, el 12% son nuevas construcciones que no estaban pagando nada y el 11% reformas interiores. La estimación que hace Hacienda sobre el incremento medio en el recibo del IBI para los inmuebles en los que se han detectado irregularidades es de 181 euros.

Desde el año 2013, este ministerio está llevando a cabo un plan de regularización catastral, "un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados", aseguran fuentes gubernamentales.

Esta iniciativa, que concluirá en 2016 y se realiza en todo el territorio nacional excepto en el País Vasco y Navarra, pretende regularizar la situación de los inmuebles en los que se haya producido alguna modificación o alteración (como ampliaciones o rehabilitaciones) y no se haya comunicado: "El procedimiento de regularización catastral no pretende alterar el valor catastral de los bienes declarados sino la incorporación al Catastro de aquellos que no figuren en el mismo y, por tanto, supongan un fraude fiscal inmobiliario".

Por el momento, son 82 los municipios de la Comunidad de Madrid, de un total de 179, que están siendo objeto de supervisión por parte de Hacienda, según se ha venido publicando desde el 5 de octubre de 2013 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La última publicación en este sentido data del pasado 15 de diciembre. Entre los municipios de la región que están siendo objeto de inspección hay de todo. Desde localidades con poblaciones pequeñas como Madarcos (47 habitantes según los últimos datos del padrón a 1 de enero de 2014), La Hiruela (55) u Horcajuelo de la Sierra (80) hasta grandes núcleos urbanos como Móstoles (205.712), Fuenlabrada (195.864) o Alcorcón (170.336). "En principio son los Ayuntamientos los que deben solicitar su inclusión en el proceso, aunque la administración también puede hacerlo de oficio", explican desde el Gobierno. "En España, más de 3.070 municipios ya han manifestado su interés en la regularización catastral", precisan.

Para detectar estas irregularidades urbanísticas, Hacienda cuenta con varios mecanismos: desde fotografías aéreas hasta los tradicionales inspectores que se desplazan a las viviendas a comprobar si la información que tienen en el catastro concuerda con la realidad. Una vez cotejada la información propia con la remitida por el Ayuntamiento y confirmada la irregularidad, Segipsa, la empresa estatal encargada de realizar el trabajo, envía una carta a los defraudadores para que regularicen la situación de su inmuble, lo que implica el pago de una tasa de 60 euros. "El plan de regularización catastral no multa las obras ilegales. Eso es competencia de las autoridades municipales y autonómicas", explican. También se les informa de que en su próximo recibo del IBI será modificado de acuerdo a la nueva situación de su inmueble.

"El Ayuntamiento podrá exigir el pago de este impuesto con carácter retroactivo", advierten desde Hacienda. "Legalmente te pueden obligar a pagar hasta los cuatro años anteriores", añaden. En cualquier caso, si los afectados no estuviesen de acuerdo con la regularización disponen de un plazo de 15 días para formular alegaciones.

No obstante, el Gobierno aclara que esta regularización no implica necesariamente un aumento de recaudación del IBI para los ayuntamientos: "La afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los ayuntamientos rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, precisamente gracias a la contribuyan todos los titulares de inmuebles. Si pagamos todos, pagamos menos".