El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota (Cádiz) ha finalizado la instrucción del 'caso Uniformes' con la imputación de 21 personas por presuntos delitos continuados de prevaricación y gestión interesada. Los imputados son, en su mayoría, actuales y antiguos responsables de los sucesivos gobiernos de RRUU y PP en el Ayuntamiento Rota.

Entre los imputados figuran la actual alcaldesa, Eva Corrales (PP); el anterior, Lorenzo Sánchez (RRUU); el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP), que era edil en Rota en el momento de los hechos que se investigan; así como Juan Antonio Liaño (PP), edil del Consistorio roteño y diputado provincial de Hacienda en la actualidad.

Según el auto emitido por el juzgado el pasado día 4, al que ha tenido acceso Europa Press, de las diligencias instructoras practicadas se desprende la existencia de "indicios racionales de criminalidad" por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde y otros responsables municipales.

Las empresas en cuestión son la sociedad cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L., y Coanda Costuras S.L.U. Esta última vino a sustituir en 2008 a las dos anteriores "para burlar la prohibición de contratar con la entidad local" y que no aparecieran como titulares o administradores de la misma el entonces alcalde ni los concejales Montemayor Laynez (RRUU) y Antonio Alcedo (PP), también imputados como presuntos autores de los delitos de prevaricación y gestión interesada.

También estaban vinculadas con las empresas la esposa del exalcalde y la del entonces edil y funcionario Ismael Puyana (PP). Los tres figuran entre los imputados en la causa.

Según el auto, los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".

Durante el tiempo de los hechos investigados, pese a las prohibiciones de contratar que existían, fueron adjudicados contratos que superan los 620.000 euros, entre otros el realizado para la adquisición del vestuario para el personal funcionario laboral fijo del Ayuntamiento para el año 2004/2005.

El último contrato que figura en el auto es de marzo de 2014, siendo alcaldesa Eva Corrales, a la que también se le atribuyen irregularidades en sus anteriores cargos como delegada municipal de Turismo y Comercio y delegada municipal de Fiestas.

En su auto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Rota acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.