Varias de las acusaciones particulares que representan a varios accionistas de Bankia perjudicados por su salida a bolsa han reclamado finalmente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga una fianza civil de 4.112 millones de euros a todos los imputados.

Andreu había convocado hoy a todas las partes del "caso Bankia" para una vista a raíz de que varios perjudicados reclamaran ser resarcidos, y en la que los afectados personados, casi 2.000, han terminado trasladado sus distintas peticiones, que suman alrededor de 35 millones de euros, equivalente a lo que invirtieron en títulos de la entidad en julio de 2011.

Sin embargo, el juez deberá decidir en los próximos días si fija esa cuantía o bien opta por los 4.112 millones de euros que han exigido varias de las acusaciones particulares, que se han sumado a la petición que hizo UPyD de reclamar los 3.092 millones de euros que colocó Bankia en su debut bursátil más el tercio que establece la ley.

De no acceder a esa cifra, han pedido que, subsidiariamente, los imputados, incluyendo Bankia y su matriz, BFA, presten una cuantía igual a la que ellos desembolsaron en acciones de la entidad, y se basan para ello en la prueba pericial de los dos técnicos designados por el Banco de España que cuestionaron sus cuentas.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido el criterio que ha venido defendiendo a lo largo de la instrucción, de forma que se ha opuesto a esta medida al entender que, aunque existen "ciertos indicios de criminalidad", quedan "incertidumbres" por esclarecer, e imponer ahora a Bankia una fianza podría ser perjudicial porque pondría en tela de juicio su solvencia, lo que incidiría negativamente en su cotización.

El fiscal ha querido distinguir entre la causa principal y la de las tarjetas opacas, en la que sí se establecieron fianzas a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y a la que se han aferrado varios de los afectados. A su juicio, en la pieza principal del "caso Bankia" el perjuicio es de difícil cuantificación y, llegado el caso, se podrá hacer en ejecución de sentencia.

El FROB ha mostrado también su rechazo y, aunque se considera "víctima" porque "representa a la ciudadanía", cree que no se puede lanzar un "mensaje de duda" sobre las entidades, al tiempo que ha criticado el informe de los dos peritos judiciales por sus "incoherencias".

Según su letrado, los técnicos pecaron de "sesgo restrospectivo" y no tuvieron en cuenta a la hora de proponer sus ajustes las provisiones genéricas con las que contaba la entidad, por lo que ha anunciado que pedirá la incorporación del informe interno elaborado por el Banco de España que rebate sus conclusiones.

Los letrados de Rato y su mano derecha, José Manuel Fernández Norniella, han insistido asimismo en la necesidad de "recabar una interpretación auténtica" del supervisor porque los dos peritos que este cedió contradicen lo afirmado por testigos procedentes del instituto emisor, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Los imputados han aprovechado su intervención para arremeter contra los dos técnicos, como ha sido el caso del abogado de la propia Bankia, que ha aportado esta misma mañana la primera parte de su prueba contrapericial, que ha encargado al catedrático de Economía Financiera Leandro Cañibano.

Mientras, el representante de la exconsejera Araceli Mora ha insistido en que los dos peritos adolecieron de "inconsistencias", a lo que ha añadido que los "aparentes" perjudicados no han acreditado la actual titularidad de sus acciones, sino que solo han demostrado que las compraron, pero no si aún las conservan o las vendieron.

El abogado del que fuera vicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, ha criticado que los peritos estuviesen "mediatizados" y sometidos a la opinión pública, mientras que el de su exconsejero delegado, Francisco Verdú, ha tildado la solicitud de "extravagante" y ha subrayado que causaría "perplejidad" en el mercado.