Extrabajadoras de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) denunciaron, en octubre de 2011, ante la Xunta supuestas irregularidades en la gestión de esta entidad; pero, no al obtener respuesta, optaron por acudir a la Policía, según su declaración en el marco de la 'Operación Zeta', han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las dos exempleadas, citadas a declarar como testigos en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, también han asegurado, según estas mismas fuentes, que el presidente de Caype, Eliseo Calviño, recibía "sobres" del empresario Gerardo Crespo, entregados a través de empleados de su empresa, Azetanet.

Tanto Crespo como Eliseo Calviño figuran entre los 30 imputados en el marco de esta investigación sobre supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas.

En torno a las 10,00 horas, entró la primera de estas extrabajadoras, que ya en octubre de 2011 denunciaron ante la Xunta supuestas irregularidades en la gestión de Caype, entre ellas que, supuestamente, dinero de subvenciones para cursos se destinaba a gastos propios de la organización.

Las dos exempleadas, —de cuya denuncia, según el empresario Gerardo Crespo habría partido la investigación y no de la Xunta, frente al argumento del Ejecutivo gallego— han ratificado, en sede judicial, que primero presentaron un escrito ante la Administración autonómica. Al no recibir respuesta, acudieron a la Policía.

Entrega de sobres

Según fuentes jurídicas, en su declaración, habrían confirmado también que los cursos de formación, que Caype subcontrataba a las empresas de Crespo, se realizaron.

También que vieron entregar "sobres" de empleados del empresario coruñés al presidente de Caype, pero que no tenían constancia si en ellos había dinero.

A esta declaración, le seguirán en los próximos días las de otros imputados, después de que el pasado lunes el empresario Gerardo Crespo se negase a declarar por la ausencia de un informe de Hacienda. Entre las próximas, está prevista la del presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, también imputado.