El grupo Hoteles Playa ha señalado este viernes que confían en alcanzar un acuerdo con los trabajadores de la cadena durante el periodo de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la sociedad y que supone 239 despidos, 225 suspensiones de trabajo y 36 empleados con modificaciones en sus condiciones laborales.

Fuentes de la cadena han trasladado a Europa Press que "desgraciadamente y tras intentar en varias ocasiones alcanzar acuerdos que evitasen la destrucción de empleo" el grupo se ha visto "obligado" a "abrir este proceso", si bien han defendido que su intención desde el principio ha sido la de "seguir siendo competitivos" y "mantener de los puestos de trabajo, especialmente en los meses de invierno, en los cuales se producen pérdidas".

"Como se ha trasladado a los trabajadores y a los sindicatos, durante los 30 días de negociación analizaremos cualquier posible solución que se proponga por parte de los trabajadores, estando seguros de que el interés común en dar viabilidad a un proyecto empresarial de más de 30 años y que da empleo cada verano a más de 3.000 personas, permitirá a ambas partes alcanzar un acuerdo", han apuntado desde la compañía.

Según los datos que maneja el sindicato CCOO, la cadena hotelera cuenta con siete establecimientos en Málaga, así como un almacén y una lavandería; once hoteles en Almería y la central de reservas; dos hoteles en Cádiz, seis en Huelva y tres en Granada. Además, posee uno más en Barcelona, dos en Madrid y dos en Canarias.

De los 239 despedidos previstos, un total de 230 son mujeres del departamento de pisos y limpieza y nueve pertenecen de la central de reservas, mientras que dos secciones que "externalizarán" con el objetivo de "abaratar costes". Por su parte, las suspensiones de contratos en parte del año afectarán a 225 personas y las modificaciones de las condiciones laborales afectará a 36 trabajadores.

El sindicato ha manifestado ya su "total" oposición a esta medida por "injusta, inútil y desproporcionada" y lo ha considerado "un chantaje" al no avenirse los trabajadores a cerrar un convenio colectivo propio en 2012.