La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha reclamado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), que emita el informe que según la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, debe elaborar en cuanto a la autorización ambiental integrada (AAI) correspondiente a la modificación sustancial de la instalación de la fábrica de cementos Portland Valderrivas.

En una resolución emitida el 12 de enero y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz analiza una queja de la organización ecologista Alwadi-Ira, por el "posible incumplimiento" por parte del Ayuntamiento alcalareño, de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que obliga a los ayuntamientos a emitir un informe municipal sobre cualquier aspecto de su competencia siempre que se emita una autorización ambiental integrada para actuaciones en el municipio. La queja de los ecologistas, en ese sentido, señala una posible omisión del Consistorio en el caso de la autorización ambiental integrada relativa a la modificación sustancial de la instalación de la fábrica de cementos Portland Valderrivas.

Frente a la queja del colectivo, el Ayuntamiento alegaba que carece de "competencias para informar sobre los aspectos medioambientales de tales actividades" y "él único informe que es vinculante y que es de competencia municipal es el informe de viabilidad urbanística", toda vez que los ecologistas insistían en que el Consistorio "debe jugar un papel activo en la protección del medio ambiente de la ciudad" pero "no asume las competencias que le otorgan la Constitución y la Ley".

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en ese sentido, avisa de que en un caso así "son muchas y variadas las competencias locales que pueden verse afectadas y no todas ellas deben referirse al concepto de medio ambiente", toda vez que "la normativa en materia de procedimiento de las AAI, tanto la estatal como la autonómica, exige de los ayuntamientos una actuación proactiva en la gestión y defensa de los intereses municipales, y aunque el informe que nos ocupa no es vinculante en su contenido, sí que es preceptivo en cuanto a su emisión, a pesar de que su ausencia no obstaculiza la continuación del procedimiento".

Dado el caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento que la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y el decreto 5/2012 obligan a los ayuntamientos a "emitir un informe sobre la adecuación de la instalación proyectada a todos aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia, entre otros los de atmósfera, ruido, vibraciones y residuos". Por eso, pide al Ayuntamiento que "emita el informe previsto" por las normativas y lo envíe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.