El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha conseguido el respaldo de la Comisión Regional de Arbitraje, Control y Garantías Democráticas (CRACyGD) de IUCM (después de pedir amparo a raíz del caso de las tarjetas black de Caja Madrid) por medio de una resolución que establece que deberían quedar sin efecto las acciones que no salgan directamente de la Presidencia regional, "evitando así en lo posible el acoso y vulneración de los derechos del afiliado".

La resolución, fechada el pasado 30 de enero, se produce después de que quince días antes el concejal se dirigiese a la Comisión de Garantías de IUCM "en demanda de amparo y también de aclaración".

Pérez compareció ante la Comisión de Investigación de IUCM, la Comisión de Transparencia Federal de IU y la Comisión de Investigación del PCE (al ser militante de ese partido) con las tarjetas opacas como telón de fondo.

El portavoz en el Ayuntamiento explicaba en su escrito, que no recibió instancia alguna para alegar o defenderse de cargo, acusación o imputación alguna aunque, a pesar de eso, son numerosas las noticias en diversos medios de comunicación en las que se le considera "responsable de muchas cosas" y se le pide que hiciera una "dejación de funciones" en forma de dimisión.

En el escrito remitido a la Comisión de Garantías, Pérez expone que fue sometido a cuestión y votación en dos ocasiones. La primera, el 4 de octubre, en la Asamblea de Madrid-Ciudad y de forma "totalmente irregular" ya que "no es un órgano con capacidad de decidir y mucho menos sobre un cargo de responsabilidad derivado del ámbito regional".

La segunda fue el 10 de octubre en el Consejo Político Regional de IUCM, con una propuesta coincidente con la anterior, pidiendo la dimisión de Pérez. También recuerda que en ambos casos los proponentes perdieron la votación "por una diferencia más que notable".

La Comisión de Garantías apunta que, al tratarse de un cargo público, cualquier conflicto debería ser dirimido por la Presidencia Regional, en virtud de los estatutos de IUCM. Sólo la Presidencia regional podría iniciar un expediente disciplinario contra el portavoz municipal o someterle a cuestión.

"En ningún caso le correspondería la apertura de expediente ni al Consejo Político Regional ni a la Asamblea Madrid-Ciudad", recoge la resolución.

El escrito añade que los estatutos de IUCM no contemplan la figura de la comisión de investigación, más que la que "dimane de una apertura de expediente, que no es el caso".

Por todo ello defienden que "deberían quedar sin efecto aquellas acciones que no salgan directamente de la Presidencia Regional en primera instancia, evitando en lo posible el acoso y vulneración de los derechos del afiliado".

Ángel Pérez pidió el amparo de la Comisión de Garantías por no entender que "una organización democrática coloque a uno de sus miembros en una situación pública de sospecha sin cargo alguno y sin ninguna posibilidad de defensa". También pidió explicaciones a este órgano para que le detallen "cuántas veces se puede someter a cuestión a un militante por la misma causa exigiéndole dimitir sin mayor explicación".

En distintas ocasiones, Ángel Pérez ha recordado que dejó de ser coordinador hace quince años, en 2000, tres años antes del periodo investigado por el escándalo de Caja Madrid (2003-2009). En ese plazo temporal investigado no tuvo cargo ejecutivo alguno y ocupó el puesto de portavoz municipal, entre cuyas funciones no se encuentra la de vigilancia en las entidades financieras.

"Es imposible que tengamos una responsabilidad política porque no sabíamos de la existencia de esas tarjetas ni podíamos saberlo porque no era nuestra función saberlo", ha apostillado en otras ocasiones.