El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha solicitado a la Junta de Andalucía que cese al presidente de la Autoridad Portuaria de Motril (Motril), Francisco Álvarez de la Chica, después insinuar éste que las autoridades melillenses habrían "presionado" al Gobierno de la Nación para que rechazara el recurso presentado por una plataforma motrileña al concurso marítimo de interés público con Melilla, que incluye únicamente a Málaga y Almería en vez de a Motril.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha asegurado este jueves que van a estudiar las manifestaciones realizadas por Francisco Álvarez de la Chica el miércoles en las que señalaba que Motril está perdiendo la batalla frente a los dirigentes de Melilla, a los que acusaba de haber ejercido "presión" en el Gobierno de la Nación para que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerios de Administraciones Públicas, tomara esa decisión.

La primera autoridad melillense ha declarado que "creo que la Junta de Andalucía debería cesar al presidente de la Autoridad Portuaria de Motril" porque, en su opinión, sus afirmaciones "son cuasidelictivas". El presidente ha aseverado que ni la Ciudad Autónoma ni la Delegación del Gobierno en Melilla, ambas en manos del PP, "tienen capacidad" para presionar a dicho tribunal y por tanto rechaza las acusaciones de Álvarez de la Chica.

Juan José Imbroda ha acusado igualmente a Francisco Álvarez de la Chica de "haber perdido los papeles" en esa comparecencia informativa en la que también acusaba a dirigentes populares de Melilla de "engañar" a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma y burlarles una línea que se ha demostrado efectiva, y en lugar de disponer de tres posibles trayectos solo dispongan de dos: Málaga y Almería.

El presidente de la Ciudad Autónoma también ha negado esta crítica y ha dicho que los melillenses y sus autoridades "están contentos con la línea de Motril" y, por tanto, su deseo es que continúe aunque no esté incluida en el contrato marítimo de interés público que subvenciona el Estado a la compañía que se hace cargo del mismo.