Los sindicatos CCOO y UGT de Extremadura han mostrado su rechazo a la propuesta de Ley de Servicios Sociales impulsada por el PP en el Parlamento regional, al considerar que supone un "retroceso" en las prestación de estos servicios públicos y porque "no cuenta con el consenso y el apoyo del sector".

Se trata de una propuesta que "nace sin diálogo social, con el desacuerdo de los agentes implicados como los colegios profesionales o las asociaciones que trabajan en este ámbito", según señalan ambos sindicatos en un comunicado de prensa conjunto, y que el Ejecutivo regional de José Antonio Monago "intenta sacar ahora adelante con prisas, por la cercanía de las elecciones, después de olvidada en el cajón durante tres años".

Ambos sindicatos han demandado "reiteradamente" durante la legislatura que se abriera un proceso de negociación, como así ocurrió, afirman, con las leyes anteriores de este carácter, pero "se hizo oídos sordos por parte del Gobierno" regional. En su opinión, esto ha sido una muestra de que "en realidad no valoraba la trascendencia de este asunto, a pesar de que la crisis lo hacía más necesario que nunca".

La propuesta de ley del PP es "un retroceso en el derecho subjetivo de la ciudadanía extremeña puesto que carece de solidez, de consistencia y de argumentos".

Los puntos "más negativos" de la normativa son que "no se establece una dotación presupuestaria, no se desarrolla un catálogo de servicios y no se establecen los criterios mínimos indispensables para protección social en momentos de mayor inestabilidad económica y social".

Para CCOO y UGT esta propuesta "da idea de que se trata más de una nueva ocurrencia de marketing político propiciada por la llegada de las elecciones autonómicas y municipales que de una respuesta con la que resolver los problemas con los que se enfrentan los servicios sociales".

Se trata además de un texto que entra en contradicción con la Ley de 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, afirman los sindicatos, pues "pone en tela de juicio la titularidad y gestión pública de los servicios sociales y por ello sitúa en grave riesgo a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes".

En definitiva, esta ley se trata de "una oportunidad pérdida para ofrecer soluciones consensuadas, desde el ámbito de lo público, a la difícil situación que están atravesando miles de familias de la región y que acuden a unos servicios sociales que se encuentran actualmente desbordados".