Un alto funcionario del Gobierno explicó al periódico The Times que, de llevarse a la práctica esos planes, numerosos datos, incluido el historial médico o mental de muchos individuos, circulará entre distintas agencias gubernamentales incluso si no hay pruebas definitivas del riesgo potencial que representan.

El documento que ha visto el periódico establece que "los organismos públicos tendrán acceso a valiosa información sobre personas de las que exista el peligro de que comentan graves actos de violencia o de que inversamente puedan convertirse en víctimas".

Pero las exigencias del Gobierno van incluso más allá, según esa fuente, ya que la simple forma de comportarse de un individuo puede dar lugar a una eventual denuncia a la policía.

A este respecto se propone crear dos nuevas agencias para evaluar los datos suministrados por los informantes: la primera se encargaría de los delincuentes en potencia y la otra de las potenciales víctimas.

Según Simon King, que encabeza la unidad de crímenes violentos del ministerio del Interior, hace falta elaborar la legislación que obligaría a los funcionarios a alertar a la policía sobre personas que no han cometido aún ningún crimen, pero que tienen un determinado "perfil de riesgo".

¿Hasta dónde?

Los grupos de defensa de los derechos civiles como Liberty se preguntan hasta dónde está dispuesto el Gobierno laborista a recortar las libertades en su aspiración a una "sociedad totalmente exenta de riesgos".

El plan preocupa también a la oposición conservadora, cuyo portavoz del Interior, David Davis, se pregunta si la policía no tiene ya suficientes "cargas administrativas como para obligarla a examinar documentos basados en simples conjeturas y rumores".

Según fuentes oficiales, existen en este país ya más de 4,2 millones de cámaras de circuito cerrado de televisión, lo que equivale a una por cada catorce personas y el 20 por ciento de las cámaras de ese tipo que existen en todo el mundo.