La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha suscrito este jueves, 5 de febrero, un convenio con el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), Jaime Echegoyen, por el que esta última cede 80 viviendas a la bolsa de alquiler social de la Comunidad autónoma.

Tras la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, tanto Echegoyen como Rudi han expresado la disposición a ampliar este acuerdo, tanto en el número de viviendas, como en su duración, fijada inicialmente para cuatro años.

El presidente de la SAREB ha explicado que si bien esta entidad se creó en 2012 "con un mandato claro", que consiste en la liquidación antes de noviembre de 2027 de los inmuebles y préstamos adquiridos para ayudar al saneamiento del sector financiero español y, en concreto, a las entidades que recibieron ayudas públicas, "no pasa desapercibida la necesidad social y la posibilidad de echar una mano a los problemas de vivienda de la población".

"Este es el objetivo del convenio", que "también estamos intentando con otras Comunidades autónomas", siendo el suscrito en Aragón "el segundo que firmamos" y "estamos orgullosos por la velocidad con la que hemos sido capaces de llegar a ello", ha dicho Echegoyen.

Por su parte, Rudi ha precisado que de estas 80 viviendas, 63 están en Zaragoza y el resto en otros municipios. En concreto, en Calatayud, Cuarte de Huerva, Utebo, Teruel, Huesca, Jaca, Monzón, Fraga y Valle de Hecho.

La presidenta ha comentado que estos inmuebles se integran en la bolsa de alquiler social, que en total está integrada por 314 viviendas —de las que 134 pertenecen a Suelo y Vivienda de Aragón y 50 al Ayuntamiento de Zaragoza—, además de que el Ejecutivo posee otras 452 viviendas dedicadas también a alquiler social, de las que unas 50 están cedidas a entidades sociales.

CONDICIONES

En función de este acuerdo, la SAREB cede en usufructo, durante un periodo de cuatro años, un parque de viviendas ubicadas en Aragón para que el Gobierno regional pueda alquilarlas a precios económicos a los ciudadanos que lo precisen.

A cambio, va a recibir una contraprestación a un precio fijo mensual que le permitirá sufragar los gastos de seguro y de comunidad, del IBI y tasas y tributos vinculados a la propiedad de las viviendas, así como a los gastos que genere el acondicionamiento de la vivienda para su habitabilidad. Además, la SAREB ha seleccionado las viviendas, situadas, preferiblemente, en municipios de la Comunidad con mayor demanda.

A su vez, el Gobierno de Aragón se responsabilizará del certificado de eficiencia energética, si no lo tuviera, de los gastos de mantenimiento ordinario de la vivienda y de las reparaciones ordinarias y asistencia técnica al arrendatario, entre otras cosas.

El Ejecutivo aragonés también se encargará de los procesos de adjudicación de las viviendas y de la gestión de los contratos de arrendamiento, así como de su cobro. Para hacer frente a estos los desembolsos, el Ejecutivo autonómico va a destinar 760.000 euros para el periodo de vigencia del convenio, de 2015 a 2018.

Alquileres máximos

La presidenta de la Comunidad ha apuntado que el importe mínimo que ha de pagar el arrendatario de estas viviendas, al igual que en el resto de inmuebles de la bolsa de alquiler social, es de 75 euros mensuales, con un máximo de tres euros por metro cuadrado de superficie útil y un límite de 300 euros en total, si bien en ningún caso se puede superar el 40 por ciento de los ingresos netos actuales de la unidad familiar.

En este sentido, Rudi ha indicado que "en estos momentos la renta que pagan los inquilinos en las viviendas que tenemos en alquiler social oscilan entre 75 euros y 180 euros".

La jefa del Ejecutivo aragonés ha manifestado que, además, la Comunidad autónoma aporta ayudas para el pago del alquiler a personas o familias que no residen en viviendas de la bolsa o que no son propiedad del Gobierno de Aragón "y que tienen dificultades".

Concretamente, en las dos últimos convocatorias ha habido cerca de 3.000 ayudas y el pasado 16 de enero se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de 2015, dotada con una partida de 4,7 millones de euros.

Echegoyen ha sostenido que se trata de hacer un "esfuerzo colectivo", para apuntar que la SAREB tiene unas 50.000 viviendas en todo el país, si bien "el 80 por ciento de nuestro balance son prestamos" por lo que "la mayor parte de nuestra actividad es la financiación", mientras que "las casas es una parte pequeña".

Atender las necesidades

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha estimado que con esta oferta de viviendas "podemos cumplir" las necesidades ya que si bien hay 930 beneficiarios reconocidos para alquiler social, "cuando se les ofrece una vivienda, se van cayendo" de la lista.

La SAREB ha ofrecido un total de 2.000 viviendas a las Comunidades autónomas para que puedan destinarlas a sus propios programas sociales. De momento, ha firmado acuerdos con Aragón y Cataluña, a la que ha cedido 600 pisos a mediados del año pasado, si bien mantiene contactos con otros Gobiernos regionales.

MORATORIA

Luisa Fernanda Rudi ha señalado, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, que "hace escasas fechas" el Ejecutivo de la Comunidad ha remitido al Gobierno de España la petición de "que amplíe el periodo de vigencia" del decreto que establece una moratoria para los desahucios.

En este sentido, ha comentado que "me gustaría que todos trabajásemos en la misma dirección", para enfatizar que el Ejecutivo de Aragón "está usando todos los instrumentos que tenemos para paliar el problema de dificultad de acceso a la vivienda".

Igualmente, ha matizado que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "los desahucios están siendo más por vivienda de alquiler que de propiedad" porque el problema se está dando en el pago del arrendamiento más que de la hipoteca.

Rudi ha aclarado que en estos casos "hay que intentar compaginar" las necesidades de las personas en dificultad "con los intereses de los propietarios de la vivienda" puesto que "muchas veces la renta que reciben es para completar su pensión o los ingresos familiares".

De esta forma, ha apostillado, "ese es el hueco que estamos cubriendo con la bolsa de alquiler social puesta en marcha hace dos años y medio" por el Gobierno de Aragón.

El convenio suscrito este jueves se suma a los rubricados por el Ejecutivo autonómico con anterioridad con los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel para disponer del mayor número de viviendas y ponerlas a disposición de quien más lo precise.