En enero de 2013 el Gobierno decidió crear un fondo de pisos para ayudar a las personas que han perdido su vivienda por un desahucio o estaban en riesgo de perderla. Ahora que se cumplen dos años, el Ministerio de Economía ha decidido prorrogar un año más este Fondo Social de Viviendas (FSV), hasta el 17 de enero de 2016.

Según el Ministerio, el fondo cuenta con casi 6.000 viviendas aportadas por 33 entidades financieras que gestiona mediante alquileres reducidos de entre 150 y 400 euros al mes y con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Sin embargo, según sus propios datos, tras dos años en vigor, ha asistido a 1.465 familias que se han visto en una situación vulnerable como consecuencia de la crisis económica. De hecho, hasta junio de 2014, sólo había adjudicado 850 de sus 6.000 casas disponibles.

El fondo se puso en marcha el 17 de enero de 2013 mediante un acuerdo entre los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento, las principales entidades de crédito del país y sus asociaciones, la FEMP y la plataforma del tercer sector.

El Fondo Social de Viviendas nació con una dotación de 5.891 viviendas de un total de 33 entidades de crédito; Bankia, con 1.000 viviendas, BBVA (900), CaixaBank (850), Banco Santander (441) y Catalunya Banc (355), fueron las que más aportaron.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias especialmente afectadas por la crisis y sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Se pueden beneficiar del Fondo aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario.

Para acceder a esta medida, el conjunto de los ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual) y  ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad. Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, ser víctimas de violencia de género o ser personas mayores, prejubilados o jubilados que hayan avalado con su vivienda a sus hijos o nietos.

Según Economía, el Fondo también abarca a todas aquellas personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.