El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, que instruye el caso por el accidente del Alvia en julio de 2013 en Angrois, ha requerido a Renfe documentación que le pidió hace casi ocho meses, y que todavía no fue aportada por el operador ferroviario.

En una providencia con fecha de este mismo miércoles, 4 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez le pide a Renfe que cumpla en el plazo de 15 días con lo solicitado en junio del pasado año, en primera instancia, y en octubre, en una segunda ocasión.

En concreto, la información que le demanda fue reclamada por el abogado que representa a María Teresa Gómez Limón, diputada de la Asamblea de Madrid que dejó el Partido Popular —a raíz de sus divergencias por cómo afronta el partido la investigación del siniestro— e integrante de la plataforma de víctimas 04155.

Lo que se requiere a la Dirección General de Ferrocarriles es información sobre el cumplimiento de la realización de las pruebas exigidas por una orden —la FOM 2520/2006, de 27 de julio— para la valoración de la capacidad psicofísica del maquinista que aquel día conducía el tren, Francisco José Garzón Amo.

Tal y como recuerda en un escrito presentado en los juzgados compostelanos a finales de enero por el representante legal de Gómez Limón, "no consta que se haya cumplimentado el requerimiento". Y, al haberse realizado la solicitud por el juez hasta en dos veces, el abogado de esta víctima del descarrilamiento de Angrois entiende "evidente el ánimo incumplidor y la oposición contumaz y arbitraria al mandato de la autoridad judicial".

Lago atiende su nueva demanda y, así, constata que "no consta en autos contestación al requerimiento efectuado a Renfe". Por ello, le pide que en 15 días "proceda a cumplimentar lo acordado" en un primer auto, el 19 de junio del año pasado y que fue reiterado en una providencia del 14 de octubre. Todo ello, "bajo apercibimiento de desobediencia".