Escuelas Católicas Comunidad Valenciana ha rechazado que exista "sobrefinanciación" de algunos de sus centros y ha asegurado que todos los fondos que ha recibido se han realizado "dentro de la legalidad".

El colectivo ha realizado estas manifestaciones en un comunicado después de que haya trascendido que un juzgado de instrucción de Valencia ha abierto una investigación por presuntos irregulares y excesivos de la Conselleria de Educación a colegios concertados de la Comunitat por supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental a raíz de una denuncia inicial de Compromís y, posteriormente, de Fiscalía.

Desde Escuelas Católicas aseguran, respecto a las acusaciones de que los centros concertados reciben más aportaciones de lo que consta estrictamente en el concierto, que "algunos centros reciben partidas anuales destinadas al desarrollo de Programas de Educación Compensatoria y Programas de Diversificación Curricular (PDC)".

"Se trata —explican— de una serie de horas, concedidas a cada centro, para la atención específica de alumnos con necesidades educativas o de compensación. Estas partidas son independientes del concierto, están dentro del marco legal y varían anualmente en función de las necesidades de los colegios".

Así mismo, resaltan que la última reforma laboral eliminó la limitación para el ejercicio profesional, por lo que es posible encontrar en sus centros a profesores con más de 65 años que siguen ejerciendo su vocación docente.

También argumentan que "desde hace más de 15 años, la federación cuenta con 5 profesores de sus centros dedicados en exclusiva al asesoramiento educativo y la formación para los 290 centros que representa, ofreciendo cobertura a más de 14.500 profesores que trabajan en los centros de Escuelas Católicas".

"colaborador de formación"

Esta figura de "colaborador de formación" proviene del acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) de 1989 y la Addenda firmada en 1996.

Son acuerdos que fueron trasladados a las respectivas Comunidades Autónomas con el traspaso de competencias en el curso 2000-2001, sostiene la entidad.