El procurador del PSOE José Ignacio Martín Benito ha acusado a la Junta de acometer medidas "intervencionistas" propias de "políticas caribeñas" en referencia al proyecto de decreto por el que se regulan los establecimientos de restauración en Castilla y León donde se establece que para lograr la consideración de 'gastrobar' será "obligatorio" el uso de productos 'Tierra de Sabor'.

Martín Benito ha insistido en que este borrador de decreto "perjudica" de forma "clara" a los productores, "limita" a los restauradores y "frena" la actividad comercial, tras lo que ha insistido en que se trata de una "medida impositiva" que desvela un "empecinamiento" con la marca 'Tierra de sabor'.

No obstante, la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha insistido ante el Pleno de las Cortes en que se trata de un "proyecto de decreto" al que le queda un "largo" recorrido y que permanece ahora en el portal Gobierno abierto de la Junta para recoger recomendaciones y sugerencias que "se tendrán en cuenta" siempre que "el sector turístico esté de acuerdo".

García ha asegurado que el borrador de decreto ha sido elaborado de forma "consensuada" con el fin de contribuir a la "especialización del sector", "potenciar" la gastronomía y la "calidad" de los productos de Castilla y León.

A pesar de estas explicaciones, Martín Benito se ha preguntado "qué inconfesables intereses" tiene la Junta con la marca 'Tierra de Sabor', tras lo que se ha referido al informe del Consejo de Cuentas sobre el Itacyl y sus "irregularidades" en los contratos de publicidad sobre esta marca. De este modo ha "exigido" que se ""retiren" los "puntos conflictivos" del borrador, ya que, de no ser así, la Junta "estará bajo sospecha".

Por su parte, Alicia García ha acusado el procurador socialista de utilizar la "demagogia, la falsedad y las mentiras" como argumentos, tras lo que ha insistido que el único objetivo de la Junta cono este decreto es "plasmar en una norma la realidad de lo que pasa en la calle y en los restaurantes".