Manuel Fernández Castiñeiras
Manuel Fernández Castiñeiras, acusado de robar el Códice Calixtino, junto a su abogada, Carmen Ventoso a su llegada a los juzgados compostelanos. EFE/Xoan Rey

El psicólogo Juan Carlos Maneiro, que atendió al electricista acusado de robar el Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras, ha señalado en la novena sesión de la vista oral en la que se juzga el robo del manuscrito que su paciente apila objetos de manera "incontrolable" a causa de un síndrome obsesivo compulsivo.

Este profesional ha recalcado que el electricista sentía la necesidad "incontrolable" de apropiarse de cosas sin poder luego deshacerse de ellas. Tras más de una decena de sesiones, Maneiro ha comentado que en el caso de Fernández Castiñeiras siente predilección por los "objetos en papel" y las personas que con él se relacionan no ven que "realmente hay un problema".

Esto fue así hasta que se produjo un desbordamiento, es decir, todo "pasó desapercibido" hasta que los agentes inspeccionaron sus propiedades.

El acusado llegó a la consulta aconsejado por su mujer, que no quería que recayeseEste perito de parte, que ha comparecido propuesto por la defensa, ha manifestado que esto se debe a que la persona que padece este trastorno almacena lo sustraído en lugares a los que solo tiene acceso él mismo, como ocurría en ciertas dependencias a las que no podían entrar ni la mujer de Fernández Castiñeiras, la costurera Remedios Nieto, ni el hijo de ambos, Jesús.

Juan Carlos Maneiro comenzó a atender al electricista en julio de 2012, y llegó a la consulta aconsejado por su mujer, que no quería que recayese, pero, pese a dar este paso, todavía en la actualidad sigue "acumulando cosas como folletos" que deja en lugares no visibles.

Fernández Castiñeiras estuvo interno en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña) desde julio de 2012 hasta enero de 2013 y está incriminado en dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; otro contra la intimidad, y, el último, de blanqueo de capitales.

El Ministerio Fiscal reclama para él 15 años de cárcel, que la Iglesia, personada como acusación particular, quiso elevar a 31. Para su mujer y su hijo, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de receptación. 

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