El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso contra el catálogo priorizado de medicamentos gallego —conocido como 'cataloguiño'—, que puso en marcha en enero de 2011 la Xunta de Galicia y que fue suspendido tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno socialista, hace ya cuatro años, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2010, de 22 de diciembre.

La resolución viene acompañada de un voto particular en contra del fallo, donde se denuncia "un uso poco cuidadoso de las técnicas desarrolladas por el Tribunal para resolver este tipo de controversias que se manifiesta", y se lamenta de que no se analicen "las posibles divergencias entre la prescripción y dispensación conforme al sistema estatal y al sistema gallego".

El Constitucional tenía que resolver si la creación de un catálogo priorizado de productos farmacéuticos afecta realmente al sistema de prescripción y dispensación de medicamentos previsto con carácter general dentro del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, esta resolución no tiene sentido en estos momentos, ya que, debido al cambio de Gobierno se han producido medidas sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica que asemejan ambos sistemas.

Las reformas que han tenido lugar en los últimos años con la llegada del Gobierno popular en materia de prescripción y dispensación de productos farmacéuticos han acercado el sistema estatal al sistema previsto en la ley gallega impugnada, de tal manera que, recuerdan, "en la actualidad ni el sistema gallego ni el sistema nacional garantizan que todos los medicamentos que están incluidos en el nomenclátor oficial van a ser financiados por el Sistema Nacional de Salud, sino sólo los de menor precio dentro del principio activo correspondiente".

Distintos modelos

En el modelo estatal, lo que el médico identifica en su receta es el principio activo y el farmacéutico debe dispensar el medicamento de menor precio correspondiente a dicho principio activo.

En el modelo gallego, por su parte, el médico también identifica el principio activo en su receta pero el margen de actuación del farmacéutico es menor. De hecho, la selección del principio activo de menor precio, respecto de una serie de principios activos, ya se ha hecho en el catálogo priorizado de productos farmacéuticos, al que se habrá ajustado el médico en su receta, debiendo limitarse a dispensar el medicamento prescrito.

Por tanto, señala el fallo, "el resultado final en uno y otro caso es el mismo, con la diferencia de que en la comunidad autónoma de Galicia la selección de los principios activos de menor precio, cuando se trata de principios activos priorizados, no se deja en manos del farmacéutico, sin que ello suponga diferencia alguna para el destinatario de la prestación farmacéutica".

Voto particular

El Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez lamenta en su voto particular que no se valore en la sentencia un problema de inconstitucionalidad mediata por la posible contradicción entre la ley autonómica y las normas estatales que regulan los diversos aspectos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

"Tampoco se analizan las posibles divergencias entre la prescripción y dispensación conforme al sistema estatal y al sistema gallego, lo que es bastante grave si se tiene en cuenta que, conforme a su artículo 1.2 la norma gallega persigue establecer las medidas necesarias para mejorar el procedimiento para la prescripción y dispensación, con lo que parecería obligado examinar ambas regulaciones a fin de comprobar si entraban o no en contradicción".

Asimismo, considera que podría quedar patente una evidente diferencia en las condiciones de acceso a los medicamentos, en la medida en que, con criterios distintos de los básicos, se limitan las posibilidades de prescripción, lo que determinaba, a su juicio, la vulneración de las competencias estatales y la consiguiente estimación del recurso.

Para concluir, estima que "la Sentencia de la mayoría, con su confusa argumentación, ha dejado pasar una oportunidad para que este Tribunal examinase los términos en los que ha de conciliarse la diversidad regulatoria consustancial al sistema autonómico, con la garantía de "la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español", que es lo que viene exigido por el artículo 149.1.16 CE y ha de ser garantizado por el Estado".