La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha señalado que "Serbia no cometió genocidio en Croacia durante la guerra" de los Balcanes, aunque también reconoce que no hay duda de su responsabilidad por no prevenirlo. El tribunal establece que tampoco hubo genocidio por parte de Croacia durante la Operación Tormenta, ocurrida en 1995 y en la que las víctimas fueron serbios y serbocroatas.

El presidente del alto tribunal de la ONU, Peter Tomka, ha leído este martes la sentencia para ambos casos. Tomka ha indicado que para formalizar una acusación por genocidio "es necesaria la intención deliberada de acabar con los miembros de un grupo, ya sea física o psicológicamente", y ha añadido que "la corte no reconoce pruebas suficientes para demostrar estas evidencias". La CIJ subraya no obstante la "responsabilidad" de Belgrado y de Zagreb, respectivamente, "por no prevenir el genocidio".

"La Corte encuentra condiciones de genocidio en algunos pero no en todos los casos analizados y presentados en el caso que enfrenta a Croacia y Serbia" en relación a los acontecimientos acaecidos entre 1991 y 1995, durante las guerras de descomposición de la antigua Yugoslavia, ha agregado el magistrado.

Durante la lectura de la sentencia, Tomka ha afirmado que "Serbia no puede ser acusada de genocidio en  [la ciudad de] Vukovar ya que no existía como Estado en ese periodo".

El presidente de la CIJ se ha referido "al gran número de muertes cometidas" durante ese conflicto, pero ha dicho que no podía concluir con un total exacto, y ha instado a la colaboración entre ambas partes para la identificación de las personas todavía hoy desaparecidas.

"La antigua Yugoslavia era un Estado socialista creado antes de la Convención" para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, ha apuntado Tomka, quien ha asegurado a continuación que lo ocurrido "no constituye una violación de la convención ya que no existían como Estado antes" de la existencia de ese pacto internacional.

Croacia acudió el 2 de julio de 1999 a la CIJ para acusar a la República Federal de Yugoslavia (de la que Serbia es heredera), de haber violado la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en su territorio entre 1991 y 1995. Como base para justificar la jurisdicción de la CIJ, Croacia invocó el artículo IX de la convención de 1948, de la que, alegó, formaba parte también Serbia.

En 2002, Serbia presentó algunas objeciones preliminares sobre la jurisdicción y la admisibilidad del caso, pero en 2008 la corte se declaró competente para tramitar la denuncia de Croacia contra Serbia por genocidio, aunque precisó que esta decisión podría ser revisada en el fallo final.

Belgrado también acusó a Zagreb de violar la convención de 1948 durante la llamada Operación Tormenta de 1995, con el fin de "destruir a los nacionales serbios y el grupo étnico en Croacia como tal, sobre todo en Krajina".