La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha aprobado en asamblea extraordinaria un acuerdo, por una amplia mayoría, por el que los centros universitarios no ofertarán grados de 3 años hasta el curso 2017-18.

Así lo ha señalado Manuel J. López Pérez, presidente de la CRUE, al término de la asamblea extraordinaria de la Conferencia para analizar el real decreto por el que se modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, aprobado el pasado viernes por el Gobierno.

De las 82 universidades que hay en España, 57 han votado a favor, cinco se han abstenido, y una, una universidad privada de Madrid, ha votado en contra de la moratoria. El resto no ha participado en la votación.

Las universidades han querido expresar así que "están a favor de la flexibilidad, pero no del momento en el que se ha decidido aplicar". Los rectores han conseguido llegar a un acuerdo pese a que algunos de ellos, como los responsables de las univerisidades catalanas y algunas privadas, habían expresado su intención de aplicar de forma inmediata la reforma.

Más duro se ha mostrado el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, que al término de la asamblea extraordinaria la ha calificado como un "plante de los rectores contra el decreto".

El presidente de la CRUE ha enfatizado que, a pesar de que desde la primavera de 2014 han estado en "constante diálogo con la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio", la decisión de aprobar el real decreto se ha tomado de forma unilateral por parte del Gobierno, y ha lamentado que la educación vaya a estar presente en las campañas electorales de este año por esta reforma.

La Conferencia de Rectores justifica la moratoria en los análisis sobre la marcha del Plan Bolonia que se están realizando desde Europa, y los propios análisis que las universidades españolas han anunciado que harán sobre el impacto educativo y económico en los estudiantes que tendrán los nuevos cursos de tres años. "La intención de los rectores es responder a cuestiones de calidad académica, defender la igualdad de acceso entre estudiantes, y evitar confusiones en la sociedad".

Ahora comienza una etapa de diálogo con las Comunidades Autónomas, con la intención de evitar que una misma titulación tenga distinta duración dependiendo de la universidad. "Hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, y responsablemente queremos hacero", ha señalado Manuel J. López.

Respecto al ahorro para los estudiantes que el ministro Wert valoraba en 150 millones con la inclusión de los grados de tres años, López afirma que "en las universidades ese ahorro se multiplica por cinco, lo que se transformaría en 750 millones".