Los grupos parlamentarios de PP, CHA e IU de las Cortes de Aragón han encontrado responsabilidades políticas en la gestión que realizaron en la sociedad pública de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) los exconsejeros de Obras Públicas del Gobierno de Aragón Javier Velasco y Alfonso Vicente, los extitulares de Economía Alberto Larraz y Eduardo Bandrés, así como el exconsejero delegado y exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó.

El pleno de las Cortes votará los cinco votos particulares de estos tres grupos, dos de IU, otros tantos de CHA y uno de los 'populares', así como uno del PSOE y otro del PAR, en la sesión del 12 de febrero, en la que la Cámara también decidirá si aprueba el dictamen definitivo de la Comisión, que ha recogido el "fallo en los controles" y las "insuficiencias" en los mismos que han advertido varios comparecientes y en el que se ha emplazado a intensificar la supervisión de las sociedades públicas.

Tanto IU como CHA han extendido la responsabilidad al conjunto del Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma durante la etapa en la que estuvo al frente el socialista Marcelino Iglesias, al considerar que responden solidariamente de las decisiones del Ejecutivo, también en lo que respecta a esta sociedad pública.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, y también coordinador de la Comisión, ha puesto de relieve el "clima de entendimiento" en la misma, así como la "transparencia" con que ha trabajado. Ha dicho que la mayoría de las recomendaciones del dictamen ya se están aplicando.

Torres ha responsabilizado, desde la perspectiva política, a Escó por su "proceder personalísimo" y por actuar con "oscurantismo" eludiendo los controles propios de una Administración pública, añadiendo que "no era un gestor empresarial, era un cargo político".

De Javier Velasco ha afirmado que "tiene una responsabilidad en la gestión y los resultados" de la sociedad por "no cumplir" las funciones de vigilancia y tutela que correspondían a su Departamento y por "no dar cuenta" al consejo de administración de los informes de control financiero y otros documentos.

Falta de celeridad

Torres ha indicado que Alfonso Vicente no actuó "con celeridad" para "evitar y corregir" las actuaciones descritas y le ha atribuido un "comportamiento inadecuado e irresponsable" ya que el consejo de administración de Plaza tomó acuerdos "esenciales" en la transición al nuevo Gobierno, en 2011, "sin ningún tipo de coordinación".

Asimismo, el grupo 'popular' ha considerado que los exconsejeros de Economía de Aragón Alberto Larraz y Eduardo Bandrés tienen responsabilidades políticas por la falta de desempeño de la función de tutela sobre la sociedad pública.

El portavoz del PP ha apuntado que a la empresa Codesport se le adjudicaron contratos, "lo que no impidió a Bandrés abandonar sus cargos públicos y ser nombrado presidente del Real Zaragoza", sociedad anónima que entonces presidía el empresario Agapito Iglesias, también dueño de Codesport.

Representación en los consejos

La portavoz de IU en las Cortes y miembro de la Comisión, Patricia Luquin, ha afirmado que "los controles no habían funcionado todo lo bien que tendrían que hacerlo" y ha pedido que en todos los consejos de administración de las empresas en las que el Gobierno de la Comunidad es el socio mayoritario estén representados todos los partidos que pertenecen al arco parlamentario regional.

La diputada de IU ha recordado que la oposición ha solicitado esto reiteradamente. "Sería un paso importante a la hora de controlar" y permitiría que no hubiera "ningún tipo de dudas" sobre el nivel de información de cada partido, ha apuntado.

IU ha considerado que todos los miembros del consejo de administración de Plaza de la época investigada son responsables por haber tomado las decisiones por unanimidad, subrayando que esta última no puede ser una excusa para eludir la responsabilidad "ya fuera por acción u omisión".

Además, Luquin ha mencionado expresamente a los exconsejeros Javier Velasco y Alfonso Vicente por su obligación de ser los "garantes máximos del cumplimiento de todas las prescripciones legales" y porque "no atajaron" las posibles responsabilidades en que incurrió el consejo a juicio de IU.

Ha añadido que ambos tomaron decisiones que afectaron "al núcleo de la sociedad" pública, como despachar con el consejero delegado o nombrar al gerente. Asimismo, Luquin ha mencionado a Eduardo Bandrés, consejero de Economía y Empleo entre 1999 y 2006, y a su sucesor al frente de este Departamento, Alberto Larraz (2006-2011).

La representante de IU ha expresado que los miembros del Consejo de Gobierno tenían responsabilidad sobre lo que entonces se denominaba "la joya de la Corona", la más importante empresa pública autonómica, haciendo hincapié en que el Ejecutivo tenía "obligación de saber" por ser el socio mayoritario.

DILAPIDACIÓN

Luquin ha llamado la atención sobre la "dilapidación de recursos públicos sin haber actuado de forma contundente", lo que ocasionó un "gravísimo perjuicio económico" a las arcas de la Comunidad autónoma.

La portavoz de IU ha dicho, asimismo, que la responsabilidad política de Carlos Escó "queda de manifiesto" en varias comparecencias ante la comisión de investigación, señalando que era una "pieza clave" en la "estructura de mando" de la plataforma.

"No era, en absoluto, una pieza decorativa, era fundamental", y su responsabilidad es "máxima" e "indisimulable", ha agregado Luquin, insistiendo en que Escó era la "cabeza visible" y desempeñaba un papel "protagonista" en las decisiones que se tomaban.

El grupo de IU también ha achacado una responsabilidad política al actual consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, como "responsable último" de la no presentación en tiempo y forma de las alegaciones al informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre esta empresa pública en 2012, lo que dio lugar a la instrucción del caso 'Caladero', finalmente sobreseído.

Luquin ha recordado que Fernández de Alarcón nombró al actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, quien trasladó las denuncias del empleado de Acciona Francho Chabier Mayayo a la Fiscalía "a espaldas" del resto de los miembros del consejo.

EFICACIA

El portavoz del grupo de CHA en las Cortes y también miembro de la comisión de investigación, José Luis Soro, ha resaltado el "ejercicio de transparencia" llevado a cabo, así como las decisiones tomadas por unanimidad, como la aprobación del dictamen definitivo.

Con su primer voto particular, CHA ha pedido que el control parlamentario sobre las empresas públicas sea "más eficaz", para lo cual ha recomendado que todos los grupos de las Cortes tengan representación en los consejos de administración, incluyendo el de la Corporación Empresarial Pública, que las agrupa.

Soro ha considerado que por la magnitud del proyecto de Plaza, su carácter estratégico y la duración temporal era necesario que quienes intervinieron "fueran especialmente diligentes", pero se ha constatado, en su opinión, el "incumplimiento" de las obligaciones de "decencia, honradez, diligencia" que exige la gestión de fondos públicos, haciendo notar la repercusión sobre las arcas públicas.

Ha matizado que "cualquier persona que haya intervenido en el proyecto no ha podido incurrir" en responsabilidades políticas, sino aquellos que representaban a la Administración o a instituciones públicas.

José Luis Soro ha considerado responsable a Carlos Escó en su condición de consejero delegado por ser una "pieza clave" y "un estrecho colaborador" del Ejecutivo con "importantes funciones de control y dirección" sobre el gerente, y en especial, a los cuatro consejeros señalados, así como, de forma solidaria, el resto de miembros del Gobierno de Aragón de la etapa investigada.