La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, preside este martes una reunión con los rectores de las universidades públicas andaluzas en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), organismo que en una sesión de urgencia tratará la reordenación de grados universitarios aprobada en Consejo de Ministros, más conocida como el '3+2' (tres años de Grado y dos de Máster), y de la que la administración autonómica ya ha anunciado que propondrá su no aplicación, al quedar esta decisión con carácter voluntario.

El presidente de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), Fabricio Guido Saquilán, ha confirmado al respecto a Europa Press que el organismo que dirige estará presente en el encuentro, con voz aunque sin voto, ya que, pese a no estar convocado por ser la Comisión Académica el órgano de reunión, "se nos ha invitado por ser un tema de relevancia para los alumnos".

En la región andaluza, la aprobación de este decreto ha levantado una oleada de valoraciones negativas por parte de la comunidad universitaria —de rectores, tanto a título particular como de manera asociada, y estudiantes—, que entiende que, entre otros aspectos, la reforma se ha promovido de manera acelerada y sin consenso, en pos de una universidad "elitista", sin que aún hayan quedado suficientemente evaluados los resultados del vigente Plan Bolonia.

Por parte del Ejecutivo andaluz, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, subrayaba a Europa Press que la iniciativa que impulsa el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es "tremendamente desafortunada y negativa", ya que, en principio, supone un nuevo recorte "encubierto" en el gasto público universitario: "al pasar de cuatro a tres años encarecemos la factura de los estudiantes y disminuye la proporción de financiación pública".

Para Sánchez Maldonado, lo proyectado supone un "ataque a la igualdad de oportunidades" en la medida en que se obligará a los alumnos con menos recursos financieros a elegir por el Grado de tres años, mientras que los que tengan más "podrán pagar los másters tranquilamente".

A juicio del consejero, la reforma supondrá la generación de un proceso negativo en la homologación del mercado laboral, creando una "segmentación" en el mismo y un incremento de la desigualdad en España.

La reforma mediante el decreto de ordenación de los estudios universitarios permitirá con carácter voluntario a las instituciones, a partir del próximo mes de septiembre, crear grados de menos duración —tres años— y menos carga lectiva —180 créditos ECTS— que los cuatro años y los 240 créditos ECTS que establece la actual legislación para la mayoría de las titulaciones.