La organización Ecologistas en Acción ha impugnado el concurso minero impulsado por la Junta de Andalucía con 16 recursos de alzada, por "incumplimiento de la directiva Hábitats y de la Ley de Patrimonio Natural", a juicio de los ecologistas, mientras que la Junta ha defendido la legalidad de dichos concursos y sus beneficios para la Comunidad, puesto que "contribuye a dinamizar la actividad económica en las comarcas mineras, a un mejor aprovechamiento del subsuelo y realizar una puesta al día del Registro Minero", ha indicado el Gobierno andaluz.

En una nota, Ecologistas en Acción considera que "desde 2013 la Junta fomenta la especulación minera en 330.000 hectáreas del territorio andaluz", tras lo que ha aludido al anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y la publicación el pasado mes de diciembre, de ocho nuevos concursos públicos de registros mineros en las ocho provincias andaluzas, con un total de 367 permisos de investigación y concesiones de explotación que estaban caducados y que afectan gravemente a espacios naturales protegidos".

Ecologistas en Acción indica que la Dirección General de Industria, Energía y Minas "ha convocado estos concursos sin realizar previamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental y sin la participación social obligada por la legislación vigente".

Este grupo asegura que "muchos de estos permisos mineros afectan gravemente a espacios naturales protegidos y están expresamente prohibidos por los planes de gestión de la Red Natura 2000", y considera que los concursos convocados "contravienen la Directiva Hábitats, la Ley de Patrimonio Natural y la legislación europea y española en materia de Evaluación Ambiental Estratégica".

Por ello, todos estos concursos han sido impugnados por Ecologistas en Acción, mediante 16 recursos de alzada, ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, pues lamenta que "con el mero anuncio de declararlos francos, la Administración andaluza pretende adjudicar unos permisos y concesiones, a nuestro entender ilegales, obviando un ineludible procedimiento de evaluación ambiental y de participación ciudadana". Ecologistas confían en obtener una resolución favorable a esos recursos "y así no tener que acudir a la vía judicial, lo que supondría una inseguridad jurídica que llevará a anular en el futuro permisos mineros incompatibles con la legalidad ambiental".

Aseguran que, "además de la lesión a los intereses públicos afectados por la falta de evaluación ambiental, tampoco los aspirantes a estas adjudicaciones en los espacios protegidos tienen garantizada la explotación, a tenor de las propias bases de estos concursos*que exonera a la Junta de Andalucía de toda responsabilidad respecto al cumplimento del condicionado ambiental que deban cumplir en estos mismos espacios".

Ante este anuncio, Ecologistas en Acción interpela a la presidenta para que "aclare el encaje legal de esta iniciativa con la normativa medioambiental que protege los espacios naturales afectados por el concurso, que explique por qué no se ha tenido en cuenta el principio de integración de la política medioambiental y por qué no se ha respetado la participación de las organizaciones que actúan en la defensa del medio ambiente en la elaboración de este Plan público con incidencia ambiental en un gran número de espacios protegidos".

Ecologistas apunta que, a este respecto "la única información que consta, en palabras de la propia presidenta, es haber realizado 'una planificación consensuada con el sector', lo que hace suponer que el Plan sólo ha sido consensuado con los promotores mineros".

Asimismo, han asegurado que la Junta "en un juego estrictamente electoralista, no duda en engañar incluso a los posibles inversores mineros, ofreciéndoles unos terrenos para ejercer una actividad minera que, en muchos de los casos, está expresamente prohibida por las propias normas de los espacios naturales protegidos por la Junta de Andalucía".

Ecologistas apuntan que "a la hora de reactivar la actividad minera en estos espacios en base a unos registros originados en tiempos pasados, la Administración no valora adecuadamente la nueva realidad ambiental y social y no valora que la actividad minera constituye una actividad depredadora del territorio y excluyente de otros usos más sostenibles y compatibles con los valores que han originado la protección de estos espacios".

Aclaraciones de la junta

Por su parte, fuentes de la Dirección General de Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, han recordado a Europa Press que la convocatoria de un concurso minero "tiene un triple objetivo, como es dinamizar la actividad económica en las comarcas mineras; contribuir a un mejor conocimiento y aprovechamiento del subsuelo andaluz; y realizar una puesta al día del Registro Minero, actualizándolo y poniéndolo en 'perfecto estado de revista'".

En ese sentido, han dejado claro que esto último "sólo puede hacerse, de acuerdo con la Ley de Minas, mediante la convocatoria de concursos mineros".

La Junta ha aclarado que "todavía quedan en manos privadas algunos derechos relativos a parcelas que se sitúan en espacios naturales protegidos", de manera que si el Gobierno andaluz quiere revertir esa situación, "hay que dar dos pasos obligatoriamente, como es decretar la caducidad de ese derecho, y sacarlo a concurso".

En ese punto, ha precisado que "en el caso de que alguien lo solicite, lógicamente se aplicaría la normativa ambiental que impide actuar en espacios de este tipo, pero sacarlo a concurso es obligatorio e indispensable para poner al día los registros mineros".

La Consejería asimismo ha explicado que la convocatoria de un concurso minero "no requiere ni trámites ambientales ni información pública de tipo alguno, dado que no tiene ninguna afección sobre el terreno al ser de naturaleza estrictamente administrativa".

Ha añadido que "sólo cuando algún interesado solicite la investigación sobre un terreno concreto, se exigirán informes ambientales que saldrían a información pública, de acuerdo con la normativa medioambiental", de forma que en el caso de estos concursos anunciados "no se está aún en la fase en que deban llevarse a efecto trámites de esta naturaleza".

La Junta ha apuntado que "curiosamente, la organización ecologista que ha hecho pública la impugnación del concurso minero mantiene una fluida relación con la Dirección General de Minas, con la que precisamente este lunes tiene previsto mantener una reunión sobre éste y otros asuntos relacionados con la investigación y la minería".