La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha registrado casi 300 alegaciones —procedentes de ecologistas, sindicatos, empresas o colegios profesionales, entre otros— al anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que la administración autonómica contempla que podría aprobarse antes de que acabe la presente legislatura.

Así lo ha anunciado a los periodistas la consejera del ramo, María Jesús Serrano, con motivo del acto de renovación en Sevilla de la adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) de 61 empresas, a las que ha agradecido su actuación, recordando asimismo, como ya hiciera en una entrevista concedida a Europa Press, que se establecerán ventajas —en subvenciones o pliegos de contratación, por ejemplo— para aquellos entes que, sin estar obligados por ley a asumir este sistema, lo hagan para poder compensar sus emisiones de CO2.

Las empresas que han renovado este lunes su compromiso de manera voluntaria son, según la consejera, "la prueba de que el empresariado andaluz está implicado en la lucha contra el cambio climático", que supone "el mayor problema ambiental de la sociedad andaluza, española y mundial".

La futura Ley de Cambio Climático pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores considerados difusos e incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2. En este sentido, Serrano ha dicho que la pretensión es que el texto del anteproyecto sea "lo más participativo posible" y que cuando el informe se finalice y el Consejo Consultivo se pronuncie el texto pueda aprobarse en Consejo de Gobierno, algo que espera se produzca antes de que acabe el mandato, con idea de que el nuevo Ejecutivo "siga tramitándolo o lo revise, si lo estima conveniente", para ser remitido al nuevo Parlamento.

En opinión de Serrano, esta norma fijará también un máximo de emisiones para el año 2020 cuyo límite estará en 4,28 toneladas de CO2 por habitante y año para las emisiones difusas, es decir, se persigue "reducir los niveles de emisión hasta los de 2005".

UN 19%

Menos de co2 DE 2004 A 2012

Según la consejera, esta ley permitirá además avanzar en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), hasta ahora voluntario y que con esta normativa dispondrá de un régimen obligatorio para las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gran consumo energético, que excedan los valores de referencia establecidos. De esta manera, las empresas más contaminantes tendrán la obligación de auditar sus emisiones y de compensar, en el caso que se produzca, el exceso de contaminación.

Para ello, realizarán los denominados 'proyectos de compensación', dirigidos a reforzar la capacidad de los bosques andaluces para absorber el carbono y actuar como sumideros naturales. En ellos se incluyen también trabajos de conservación o creación de humedales y de aumento del contenido en materia orgánica del suelo mediante la agricultura y la silvicultura.

Cabe destacar que Andalucía redujo sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2012 con respecto a 2004 en unos 8,2 millones de toneladas, lo que supone una disminución de un 19 por ciento. Así, en 2012 un andaluz emitió al año un 15 por ciento de dióxido de carbono menos que un español y un 32 por ciento menos que un ciudadano de la Unión Europea.

El Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, promovido en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es una plataforma pionera en España que permite a las empresas que no están obligadas a acudir al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión participar de forma voluntaria en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.