Fernando lleva más de 10 años viviendo en el PAU de Carabanchel, en un piso de alquiler con opción a compra al Ayuntamiento, pero el lunes 2 de febrero, si nada lo remedia, será su último día en esa casa donde dio sus primeros pasos Claudia, su hija de tres años.

La vivienda era de propiedad municipal y el Ayuntamiento la vendió con los inquilinos dentro al fondo buitre Blackstone, que ahora quiere desahuciar a Fernando por una deuda que la administración nunca le reclamó.

"Entre enero y julio de 2013 estuve en paro y no pude pagar los 400 euros mensuales de alquiler porque no tenía los ingresos suficientes, pero el Ayuntamiento me dijo que no me preocupara, que volviera a pagar cuando pudiera", dice, alegando no tener ni una denuncia por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Tratándose del Ayuntamiento de Madrid, Fernando tuvo confianza.

"No me dieron nada por escrito, y yo confié. Era un contrato de larga duración con derecho a compra con el Ayuntamiento... ¿qué mayor seguridad podía pedir?", reflexiona.

La vivienda de Fernando pertenece al lote de 1.860 viviendas públicas compradas en 2013 a la EMVS en 128,5 millones de euros por Fidere, instrumento inmobiliario del fondo Blackstone.

En agosto de 2014, cuando expiró su contrato, Fernando fue a renovarlo con los nuevos dueños, quienes le dijeron que no le iban a renovar, alegando una deuda de 2.900 euros. Es más, sumando las costas judiciales, ahora le reclaman hasta 6.000 euros.

A los inquilinos que no tienen ninguna deuda anterior, Fidere  ha decidido hacerles contratos de alquiler por tres años, con un aumento de la cuota de más del 40%.

La EMVS no se pronuncia: "Esas viviendas fueron vendidas a una empresa privada en 2013, ya no tenemos nada que decir al respecto".

La empresa, dice Fernando, no quiere negociar una alternativa para que se queden.

A Fernando le desespera que su hija, Claudia -nacida el 9 de enero de 2012 y que nunca vivió en otra casa-, le diga que no quiere ir a otra vivienda.

"Yo me mantengo en esta casa porque es la casa de mi hija, y ella no se quiere marchar. Este suelo era público, lo pagamos la gente de la calle, pero la empresa no quiere negociar conmigo", cuenta.

No ha sido posible contactar con Fidere para conocer su versión.

A Fernando hace varios años que no le sale un trabajo fijo como informático, por lo que se sacó la titulación de socorrista y estuvo trabajando de eso en el verano. Después se sacó la titulación de monitor de natación. Aunque de eso por ahora no le sale nada.

"Yo me sigo formando, he hecho cursos de informática, para actualizarme, pero tal y como están las cosas, no me sale nada", cuenta. Hasta el punto de que sus 39 años le parecen muchos.

Su pareja, Zara, tiene 24 años y unos problemas de espalda que la mantienen en rehabilitación hace más de tres años.

Este viernes fueron a pedirle a la jueza a cargo del Juzgado en lo civil Número 71 de Madrid, que ordena el desahucio, que revea el caso. Se negó a recibirle.

"Cuando salió a tomar un café nos quedamos esperándola y le hablé, pero ni siquiera me miró", dijo.

Fernando no sabe qué va a hacer si finalmente, como está previsto, se ejecuta el desahucio el lunes.

"No sé adónde vamos a ir, quizás ocupe, porque no voy a dejar a mi hija en la calle. Quiero negociar, pero me empujan a ocupar", explica este informático.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento tampoco le han ofrecido una alternativa, dice.

"Los Servicios Sociales lo único que me dicen es que están desbordados, ¡y el Ayuntamiento vende vivienda pública para echar más gente a la calle!", reflexiona.

El precio que Fidere pagó al Ayuntamiento por el lote de viviendas compradas arroja un precio por casa de unos 65.000 euros.

En sus años de inquilino, Fernando ha abonado unos 48.000 euros que, si se hubiera cumplido lo que prometió el Ayuntamiento al momento de la entrega de las viviendas, correspondería a cerca de tres cuartos del precio final de compra.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) intentará detener el desahucio en la mañana del lunes en la calle Salvador Allende, 8.

"Estamos intentando pararlo antes, porque sabemos que con el despliegue policial que hacen, si deciden ejecutarlo no podremos hacer nada", explica Felicitas, activista de la PAH.