El Ministerio de Justicia estaría manejando un borrador de anteproyecto de ley de custodia compartida que propone, entre otras cosas, la concesión de un régimen "de estancia, relación y comunicación" —régimen de visitas— a progenitores condenados con sentencia firme por violencia de género o doméstica, siempre que el juez lo estime conveniente para el menor. También recoge el establecimiento de custodia compartido aunque ninguno de los padres la solicite.

Según el texto, que adelantó la Cadena Ser, la medida que afecta a hijos de progenitores condenados se adoptaría "de manera motivada" y tras un informe del equipo técnico judicial. Para valorar esta decisión, el juez también tendrá en cuenta la entidad y gravedad del delito cometido por el maltratador, la naturaleza y duración de la pena fijada, así como la reincidencia y peligrosidad del progenitor.

El Ministerio estaría trasladando esta propuesta a distintos órganos consultivos y asociaciones para que emitan su opinión, según la Agencia Efe. No obstante, el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho este jueves tras conocerse su contenido que "no existe un anteproyecto, pero sí borradores de trabajo" y que "no hay ninguna decisión" al respecto.

Asimismo, ha añadido que "no es de recibo" otorgar la custodia compartida o permitir el derecho de visita a los hijos a quien está condenado por violencia machista, por lo que será un "factor importante" para que "se limiten los derechos" a las personas que cuenten con condena. "Nosotros creemos que este proyecto, si va a salir adelante, tiene que ser con el consenso de todos los enfoques que sobre esta materia delicada pueden concurrir", ha afirmado.

Indicios fundados de violencia

El borrador en cuestión establece que no procederá atribuir la guarda y custodia de los hijos, ni individual ni compartida, ni un régimen de estancia, relación ni comunicación respecto de ellos, al progenitor que haya sido condenado penalmente por sentencia firme por un delito de violencia doméstica y de género contra el cónyuge o los hijos hasta la extinción de la responsabilidad penal.

Sin embargo, el anteproyecto establece la mencionada excepción y añade además que en casos de indicios fundados de violencia entre los progenitores o de éstos respecto a sus hijos, el juez podrá atribuir la guarda y custodia de los hijos a los progenitores, de manera individual o compartida si considera que es lo más conveniente para la protección del interés superior de los menores.

El borrador señala que en los casos en que se otorgue esta medida a los padres maltratadores deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad, además de un seguimiento periódico de su evolución.

El PSOE pide la comparecencia de Catalá

El PSOE ha acusado al ministro de Justicia de "reabrir debates cerrados, de descoordinación y de cambiar de opinión sobre la custodia compartida en la nueva ley en tramitación, obviando todos los informes oficiales emitidos contra ella" y ha pedido la comparecencia urgente del ministro.

"Sabemos que un maltratador no es un buen padre" ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, quien se ha opuesto a que estas personas tengan custodias o visitas de los hijos. Para el PSOE, lo que propone Justicia "es una medida peligrosa para los niños, para las niñas y para las mujeres víctimas de violencia de género" porque "sabemos que los menores se han convertido en instrumentos de venganza en los casos de violencia de género".

Además, ha reiterado que el PSOE se opone a que la custodia compartida pueda ser impuesta sin diálogo ni acuerdo de los padres, otra de las medidas que contemplaría este borrador. Por su parte, la diputada socialista y exdirectora general de la Mujer Ana Isabel Méndez acusa al ministro de "desoír" la condena de Naciones Unidas a España por el asesinato de una niña por su padre en un régimen de visitas, que le obliga a modificar las leyes para impedir las visitas y la custodia de los maltratadores sobre sus hijos.

"Dos cosas completamente distintas"

En el otro lado, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Marta González, ha descartado que el Gobierno contemple esta medida y ha acusado al PSOE de mezclar "indiscriminadamente" custodia compartida y violencia de género, siendo estas "dos cosas completamente distintas".

González ha advertido de que en España son muchos los divorcios que no tienen "nada que ver" con la violencia de género y que solo se deben a la voluntad de "la ruptura de la convivencia". "En estos casos, el derecho de los padres a participar en condiciones de igualdad en la educación de sus hijos es un derecho inalienable", ha insistido.

González ha subrayado que "no hay un nuevo anteproyecto" y que el Gobierno ha reforzado la legislación de protección a la víctimas de violencia de género, incluyendo como "interés supremo y principio básico" el bienestar del menor.

La portavoz popular, además, ha manifestado la sorpresa de su grupo ante el "repentino interés" del PSOE por la situación de los menores cuando durante "los ocho años" de su último Gobierno se negaron "sistemáticamente" a proporcionarles la categoría de víctimas de violencia de género y a incluirlos en el estatuto de protección integral, algo que el PP "ya ha hecho". No obstante, celebra que el PSOE ahora "comparta esa preocupación".