La construcción civil es el sector de la economía de Brasil en el que se emplean más trabajadores sometidos a una situación análoga a la esclavitud, según un informe oficial presentado por el Ministerio del Trabajo.

De los 1.590 esclavos que fueron "rescatados" por las autoridades en 2014, 437 trabajaban en condiciones degradantes en empresas de construcción, mientras que 344 estaban en plantaciones agrícolas y otros 228 en haciendas ganaderas.

Otros 201 trabajadores eran explotados en el sector de extracción vegetal, lo que incluye a las madereras y la recolección del caucho, dos actividades habituales en la Amazonía, y se encontraron otros 138 esclavos en las carbonerías.

El jefe de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), Alexandre Lyra, explicó que los casos de abusos laborales en la construcción están aumentando por el "boom" del sector inmobiliario ocurrido en los últimos años.

"Tenemos resultados significativos (de esclavos) principalmente en Minas Gerais (sureste), fruto de alojamientos sin condición digna de ser habitada en la construcción civil", afirmó Alexandre Lyra, en declaraciones citadas por la Agencia Brasil (oficial).

La patronal de las inmobiliarias (Abrainc) consiguió el pasado diciembre que el Tribunal Supremo prohíba cautelarmente al Gobierno la divulgación de la "lista negra" en la que aparecen las empresas denunciadas por esclavizar a sus trabajadores.

El ministro de Trabajo, Manoel Dias, y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Ideli Salvatti, anunciaron que han iniciado gestiones ante el Supremo para conseguir permiso para que se vuelva a divulgar la "lista negra".

A los integrantes de esta lista se les somete a cuantiosas multas, se les veta el acceso a las líneas de crédito de los bancos públicos y se les prohíbe firmar contratos o vender productos a organismos oficiales.

El secretario de Inspección del Trabajo, Paulo Sergio Almeida, afirmó que en la última edición de la "lista negra", del final de 2014, hay más de 600 empresas listadas.

La lista se divulgaba semestralmente hasta la prohibición del Supremo y en la edición del pasado junio figuraban 574 empresas o empleadores acusados de prácticas degradantes a los trabajadores.