El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PP y en contra de PSPV, Compromís y EUPV, la Ley de Hacienda Pública y de Subvenciones de la Generalitat y de su Sector Público Instrumental. Según el parlamentario del PP Rubén Ibáñez, esta norma "hace que las tripas de la administración sean absolutamente transparentes".

Esta norma, que presentó en diciembre desde la tribuna de oradores el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, regula la actividad económico-financiera de la administración autonómica y permite adaptar la normativa valenciana a los principios de estabilidad presupuestaria contemplados en la normativa estatal.

Entre sus principales novedades destaca el requerimiento de informe previo de la Abogacía y de la Intervención General para todos aquellos acuerdos del Consell que conlleven obligaciones económicas y de carácter plurianual. Además, se requerirá autorización expresa para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones de ejercicios anteriores, previo informe de la Intervención.

En la sesión se ha aprobado una decena de enmiendas transaccionadas por los cuatro grupos, entre ellas una que tiene su origen en un texto del PSPV y que, según el PP, implica "expresamente que va a existir una fiscalización reforzada respecto a la caja fija". Igualmente, se ha acordado incorporar a las bases de las subvenciones la "exigencia de un compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial" y también que la contratación de empresas privadas de auditoría "precise informe de la Intervención General en el que se especifique la insuficiencia de medios disponibles que justifique esa contratación".

Entre otras cuestiones, se deberá dar cuenta a las Corts de los acuerdos de no disponibilidad de créditos aprobados por el Consell que superen el 20 por ciento del total del presupuesto consolidado, así como publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) tanto las modificaciones en los presupuestos de explotación y capital de entidades del sector público empresarial y fundacional como los acuerdos de modificación de porcentajes y los de incremento del número de anualidades de compromisos de gastos.

Ibáñez ha defendido que "es una ley que aporta muchísimo a la mejora de la transparencia" y ha achacado el voto en contra de la oposición, pese a la aceptación de enmiendas y la presentación de diez transaccionadas, a la "búsqueda de la puerta de salida por miedo a decir sí a esta ley", que "optimiza cada euro gestionado por la Generalitat y las empresas públicas", al tiempo que "mejora el control, da garantía de transparencia, de confianza y aporta seguridad a todos los funcionarios en cuanto a los procedimientos".

"No tiene sentido decir quiero consenso y cuando se da consenso, no votar a favor". "Si grande se hace el Parlamento cuando hay consenso, más grande cuando se apoyan este tipo de iniciativas", ha subrayado.

El socialista Francisco Toledo ha valorado la aceptación de 22 de sus enmiendas para "enriquecer el texto, que debería ser lo habitual", pero ha asegurado no poder "olvidar que otras 164 no se han aprobado", básicamente las relativas "al fondo" de la norma.

"déficit democrático,

De transparencia y de control"

A su juicio, "la ley tiene un déficit democrático importante, está hecha con visión del siglo XX y no del XXI y no responde a lo que los ciudadanos demandan en materia de control y transparencia", punto en el que ha criticado que se mantenga el carácter estimativo, no limitativo, de los presupuestos de estos entes y lo ha achacado a que el Consell "destina en torno a 600 millones menos de lo que debe al sector instrumental".

En materia de control, el PSPV proponía que la autorización de compra de bienes patrimoniales sin concurso público requiriese un informe previo de la Intervención General que constate que el precio de compra se ajustase al de mercado, lo que "habría evitado la compra de Valmor por un euro", y que los Planes Económicos Financieros y de Reequilibrio fueran aprobados por las Corts, no por el Consell.

Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha instado a "repensar" esta norma "empezando desde el principio, desde el acuerdo", tanto con la oposición como con los técnicos de la administración, para que suponga "máxima garantía, máximo control y máxima transparencia".

Su grupo reclamaba que un mayor número de decisiones económicas del Consell "pase preceptivamente por informar a las Corts, por la Comisión de Economía", cuestión que ha rechazado el PP apelando a la separación de poderes. Al respecto, Mollà ha argumentado que "si el PP no se hubiese instalado en la opacidad, en la corrupción y en las sospechas constantes de desvío de fondos públicos en cada conselleria, a lo mejor no se estaría pidiendo un sobreesfuerzo en transparencia y control".

"acabar con el absurdo de la estabilidad presupuestaria"

Lluís Torró, de EUPV, ha reprochado al PP que "no quieren claridad porque quieren seguir gobernando de la misma manera" y ha expresado su "esperanza de que, a finales de año, haya nueva mayoría que acabe con el absurdo de la estabilidad presupuestaria", que "no es una cuestión de credos -como había afirmado Ibáñez—, sino de políticas y de efectos de esas políticas y de qué prioridades se establecen".

Ha criticado, en este sentido, que la reforma del artículo 135 de la Constitución situase "pagar las deudas por encima de cualquier otra cuestión", al entender que si se antepone ese precepto, "es cuando vienen los problemas, se recorta en sanidad, en educación, en servicios sociales y encima no se consigue ninguno de los objetivos que pretenden" y "la deuda crece hasta niveles exponenciales".

En la réplica, Ibáñez le ha reprochado que "lo absurdo de la estabilidad presupuestaria a España le costó 90.000 millones de déficit hace años" y, en cuanto a su afirmación acerca de que "lo mejor es que el Estado administre su propio patrimonio" mediante un banco público, ha defendido que "la banca pública no es garantía de nada en cuanto a manejo de fondos públicos que no pueda ser la privada".