El Ministerio del Interior estudiará la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado cuatro artículos del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a instancias de un recurso presentado por Andalucía Acoge, SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos.

Así lo han señalado a Europa Press en fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, en espera de la publicación de una sentencia cuyo contenido fue aprobado este miércoles por mayoría en el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal y que aún está por redactar.

El fallo anula el párrafo segundo del artículo el 7.3 y el párrafo K del 16.2, pues conforme la normativa europea debe ser obligatorio que en los CIE haya módulos para familias; el artículo 21.3, que permite volver a ingresar en el CIE a un extranjero sin que haya nueva orden de expulsión; y el 55.2 párrafo 1, que autorizaba los cacheos y registros con desnudo integral.

Para las organizaciones que recurrieron, el fallo del Supremo se trata de un éxito parcial, pues si bien reconoce que se conculca tanto la normativa nacional como europea con estas disposiciones no anula otras recurridas como que la Policía pueda llevar armas dentro del centro, que se pueda decretar la suspensión de comunicaciones de los internos o que se puedan habilitar Centros de Internamiento temporales en caso de una llegada numerosa de inmigrantes.

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