La Asociación Pro Derechos Humanos, Andalucía Acoge y la Federación SOS Racismo han acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender cuatro de los artículos del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que habían impugnado, aunque muestran preocupación por el resto de disposiciones que no han sido anuladas: asimismo, esperan que el Ministerio del Interior acate el mandato con la mayor celeridad.

El Supremo, que aún no ha redactado la sentencia, votó este martes la anulación del párrafo segundo del artículo el 7.3 y el párrafo K del 16.2, pues conforme la normativa europea debe ser obligatorio que en los CIE haya módulos para familias; el artículo 21.3, que permite volver a ingresar en el CIE a un extranjero sin que haya nueva orden de expulsión; y el 55.2 párrafo 1, que autorizaba los cacheos y registros con desnudo integral.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Carlos Arce, ha destacado la importancia de la anulación de estos cuatro artículos, pues se refieren a "derechos fundamentales como el derecho a la vida en familia, a la intimidad o a la integridad física", aunque lamenta el resto de preceptos impugnados, sobre cuestiones "igualmente graves", no hayan corrido la misma suerte.

"En este sentido no estamos totalmente satisfechos pero esto demuestra que un proceso que empezó mal, que ha estado gestionado mal por el Gobierno desde el minuto uno como ha sido el reglamento, sigue llevando un mal camino. No se contó de una forma real con las aportaciones que realizamos la sociedad civil organizada, no se tuvieron en cuenta nuestras advertencias", señala Arce.

Se trata de los artículos que permiten la tenencia de armas de fuego por parte de los policías que operan dentro de los CIE, la creación de centros de internamiento de carácter provisional cuando se produzca una llegada muy numerosa de inmigrantes, la suspensión de comunicaciones con los internos en determinados casos o la regulación del decomiso de objetos no permitidos a los internos, conforme ha explicado el responsable jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela.

No obstante, el experto recuerda que "el fundamento para denegar es casi más importante que la anulación de un precepto" y "habrá que esperar a la sentencia para ver en qué condiciones permite el Tribunal Supremo la aplicación de cada uno de los artículos que no ha anulado y a los que podría haber puesto límites". Rodríguez Candela recuerda que contra este tipo de fallos no cabe recurso, por lo que Interior deberá acatar la sentencia y hacerlo con la mayor celeridad.

En esta línea se ha expresado también en declaraciones a Europa Press el portavoz de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, quien además, ha destacado que la decisión se adoptase por votación en pleno, lo que le lleva a pensar que "se le ha dedicado mucho tiempo y la argumentación será compleja y de peso". "Es de reconocer el papel de los tribunales no solamente para impartir justicia, sino también para dictaminar la ilegalidad o no de las normas jurídicas", plantea.

Para el secretario de la Federación Estatal SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, ha quedado probado que "el reglamento actual disminuye y limita derechos". "Somos contrarios a la existencia de los CIE, y más aún a que se extralimiten en la función que tienen legalmente asignada, que es limitar únicamente la libertad de movimiento de las personas internas. Las demás garantías y derechos deben ser respetados íntegramente", destaca.