El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha imputado a 78 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia en la causa por el uso de las tarjetas b. Estas imputaciones se suman a las de los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj.

Para 27 de los imputados este miércoles, todos miembros del consejo de administración de la entidad —"administradores", los denomina el auto—, el magistrado ha determinado ya fechas concretas —16, 17 y 18 de febrero— para que acudan a declarar ante el tribunal.

A otros siete los cita el 20 de febrero como testigos, "a fin de determinar la naturaleza y circunstancias de comisión de los hechos", y entre ellos están los cuatro consejeros que no usaron las tarjetas y también Enrique de la Torre, que gastó 320.700 euros y es el único de la lista de los que usaron las tarjetas que no ha sido imputado. Al resto los citará a declarar más adelante.

El auto sostiene que hay "serias dudas" sobre el carácter de los gastos originadosEl juez menciona en su argumentación la sentencia conocida el martes del Tribunal Supremo, con fecha 29 de diciembre, que condenó a un matrimonio por gastar 450.000 euros con una tarjeta de empresa.

El juez dice que las tarjetas B terminaron convirtiéndose para los consejeros y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia en una "remuneración irregular", aunque su función no era esa, y que hay "serias dudas" sobre el carácter de los gastos originados. Así, cita, entre otros, gastos de alimentación, electrodomésticos, ropa o retiradas en efectivo que no estaban relacionados "con gastos de representación derivados del ejercicio del cargo ostentado en la empresa".

El magistrado asegura que, en el caso de que se considerara que las tarjetas formaban parte de la retribución, "no se entiende el motivo por el que algunos beneficiarios no llegaron a hacer uso de las mismas", ni tampoco por qué algunos "no llegaban a agotar el saldo (...) que quedaba en la entidad emisora".

El juez insiste en que uso de las tarjetas era "totalmente irregular, fuera de los cauces ordinarios" y que se ocultó al "fisco". Por eso, la conducta de "consejeros y administradores" de Caja Madrid y Bankia, argumenta, podrían haber cometido un delito de administración desleal o bien de apropiación indebida y eso le lleva a citar a 27 miembros del consejo de administración para que declaren.

Respecto a los directivos de Caja Madrid y Bankia, apunta a un delito de apropiación indebida si es que hubieran usado las tarjetas B para gastos "no autorizados". Por otro lado, el juez requiere a BFA-Bankia y a la Fundación Caja Madrid para que le informen sobre "la situación actual del proceso de recuperación de las cantidades dispuestas por todos los distintos beneficiarios de las tarjetas".