El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha confirmado que este miércoles tendrá que llevarse a efecto la orden judicial de demolición de una vivienda ilegal ubicada en la carretera de El Portal, ya que el Consistorio ha recibido una resolución rechazando las alegaciones presentadas para tratar de paralizar el derribo.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, que señalan que continúan a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre las alegaciones presentadas para evitar el derribo de una segunda vivienda situada en la misma zona, que está previsto para el jueves.

La propietaria de la vivienda cuya demolición se ejecutará a primera hora de este miércoles ha indicado a Europa Press que confiaba en que la ejecución de la sentencia pudiera evitarse, toda vez que había presentado un recurso en base a la nueva Ley de Costas.

Según explicaba, en la zona hay "alrededor de 200 casas ilegales más" y, sin embargo, estas dos son las únicas que se encuentran en esta situación, al estar el resto en distintas fases de recurso.

Detallaba que construyó la vivienda en un terreno de su propiedad en la carretera de El Portal, en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre, cuando "ya había en esta zona otras viviendas levantadas". Deja claro que se trata de una primera residencia, y que su demolición le dejaría a ella y a su familia —marido y dos hijos— "en la calle", por lo que tendrán que alojarse en casa de familiares.

Comenta que hace ocho años tuvieron un juicio y fueron condenados al abono de 3.000 euros de multa y al derribo de la casa, si bien "nunca nos dijeron fecha para llevarlo a cabo".

Es ahora, ocho años después, cuando explica que ha llegado al Ayuntamiento la orden de derribo. El problema, según indica, es que "la situación ha variado mucho en este tiempo", principalmente tras la aprobación de la nueva Ley de Costas, en base a la cual presentaron un recurso ante el juzgado.

Al respecto, indica que su casa "no es la que se encontraba en peor situación" dentro del diseminado, pues se ubica a una distancia del terreno afectado por Costas que le hacía estar "casi en la legalidad con la Ley de Costas anterior".

Por su parte, desde el Ayuntamiento han expresado su "sensibilidad" con las citadas familias y deja claro que "no es parte en el proceso", ya que la instrucción del expediente no es de su competencia y es un juzgado el que ha dictado sentencia.

Sin embargo, la disciplina urbanística es competencia municipal y está obligado "por ley" a garantizar el cumplimiento de las órdenes ejecución de derribo, pues , en caso contrario, el Ayuntamiento sería apercibido por desobediencia.

Dentro de las acciones llevadas a cabo por el Consistorio para tratar de ayudar a estas familias citan las alegaciones presentadas ante el juzgado por los servicios jurídicos municipales en base a las que realizaron en su día los afectados, "por si hubiera un modo de paralizar el derribo".

Finalmente, insisten en que las alegaciones relativas a la primera orden de derribo han sido rechazadas, por lo que tendrá que llevarse a efecto, estando aún a la espera de la resolución judicial en el segundo de los casos.