PSOE, PRC y ACPT han refrendado este martes en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Torrelavega, presidida por la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, el escrito, dirigido al Gobierno de Cantabria para que controle la legalidad en la contratación del proyecto Corporaciones Locales, una vez constatadas "incidencias" que afectan a la contratación de personas desempleadas con cargo al convenio de colaboración INEM-Corporaciones Locales.

En concreto, consideran ilegal que algunos ayuntamientos añadan puntuación a los aspirantes empadronados en sus municipios.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los grupos que apoyan el escrito, a la vista de los informes jurídicos realizados por los servicios técnicos municipales, entienden que no se puede permitir que ningún ayuntamiento cometa una ilegalidad que no sólo vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, sino que "discrimina y perjudica claramente" a los empadronados en Torrelavega en esta convocatoria.

Han participado en la reunión, además de la alcaldesa, Pedro Aguirre (PSOE), Pedro García Carmona (PRC), María Luisa Peón (PP), e Iván Martínez (ACPT).

Por su parte, la portavoz municipal del PP, María Luisa Peón, es la única que no se ha mostrado conforme con el envío de este documento, alegando que podría dar lugar a un empeoramiento de las relaciones institucionales con otros municipios, así como que su grupo respeta la decisiones que hayan adoptado otros ayuntamientos en torno a los requisitos que hayan establecido para realizar esta contratación.

Tras la reunión, la alcaldesa ha explicado que con este escrito se pretende manifestar "la defensa de las personas desempleadas, empadronadas en Torrelavega, que se ven perjudicadas respecto a las posibilidades de encontrar trabajo en otros ayuntamientos de la región".

A Ruiz Salmón no le parece "razonable" ni entiende la postura del PP que, "en vez de defender los intereses de los ciudadanos de Torrelavega, prefiere quedarse callado y quieto y no decir nada ni reclamar ante su Gobierno regional".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz regionalista y primer teniente de alcalde, Pedro García Carmona, para quien este escrito es "un aval" para que el Ayuntamiento de Torrelavega defienda los intereses de sus ciudadanos frente a los del resto de la comunidad autónoma. "No puede haber bajo ningún concepto discriminación porque los ciudadanos estén empadronados en unos municipios o en otros", ha subrayado.

En el escrito el Ayuntamiento solicita al Servicio Cántabro de Empleo que "controle la adecuación al ordenamiento jurídico de las bases aprobadas por los ayuntamientos para la contratación de dichas personas desempleadas, en particular en lo relativo a la exigencia del empadronamiento como mérito y/o requisito, al no ajustarse a los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al empleo público".

Al hilo, el documento argumenta que el Gobierno de Cantabria no debe limitarse a convocar y resolver los procedimientos de concesión de subvenciones, sino que, como administración otorgante de las mismas, también debe velar por el cumplimiento de la legalidad en los procesos de contratación de personal. Asimismo, la Ley de Bases de Régimen Local habilita a la comunidad a realizar un control de legalidad de los actos y acuerdos adoptados por las corporaciones locales.

Dado que el Ayuntamiento de Torrelavega no es competente para impugnar las bases de otros ayuntamientos, se ha redactado el escrito que se ha presentado a los portavoces municipales, requiriendo las medidas oportunas para corregir este agravio comparativo a la Federación de Municipios de Cantabria y Servicio Cántabro de Empleo, al tiempo que se anima a las personas afectadas por esta medida discriminatoria a que presenten los correspondientes recursos.

Ayuntamientos como Piélagos añaden 10 puntos a los empadronados en su municipio, Astillero 8, o Camargo 5.