El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía la "mayor celeridad" para negociar un nuevo convenio con el Ayuntamiento en relación al servicio de dependencia, después de que haya pasado "una semana sin respuesta" a la carta que le remitió a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, con ese fin.

El alcalde remitió la misiva al hilo de la notificación, el lunes pasado, de la sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Jaén que revoca un decreto municipal de noviembre de 2013 en el que el Ayuntamiento solicitaba su baja en el servicio de ayuda a domicilio vinculado a la Ley de Dependencia y pedía que fuera la Junta la que lo prestase.

Según ha vuelto a manifestar este lunes en rueda de prensa, dicha sentencia establece que la Junta y el Ayuntamiento "tienen que sentarse para articular nuevo convenio" de colaboración vinculado al servicio de dependencia una vez que el juez confirma que el firmado en 2007 entre ambas administraciones fue denunciado por el Consistorio en 2013 "en tiempo y forma".

Fernández de Moya ha apoyado su argumentación en la parte de la sentencia en la que se escribe que la referida denuncia de 2013 "debe interpretarse como una llamada a la contraparte a la renovación del convenio, a la negociación interadministrativa para que en el nuevo pacto se superen las dificultades surgidas".

"Ha pasado una semana" desde la notificación de la sentencia que "obliga a la Junta a sentarse con el Ayuntamiento", y del envío de una carta a la consejera —"adelantada por correo electrónico" al margen de registrarla físicamente en la Delegación del Gobierno andaluz—, y el Ejecutivo regional aún "no ha contestado", según ha criticado Fernández de Moya, que ha subrayado que se trata de "un tema muy serio".

En esa línea, ha recordado que el Ayuntamiento ya remitió a la Junta el 3 de febrero del año pasado una propuesta para un nuevo convenio por la dependencia que recibió también "la callada por respuesta". "Eso es lo que le preocupan a la Junta los dependientes", ha censurado el alcalde, que ha insistido en la necesidad de contar con un convenio para inscribirlo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y así acogerse al 'FLA social', al objeto de que el Gobierno central "le adelante el dinero" que debe abonar el andaluz por el servicio de ayuda a domicilio.

El alcalde ha remarcado que ahora no puede dar ese paso porque el convenio de 2007 "no está vigente, según dice el juez", razón por la que, a su juicio, la Junta "no quiere sentarse" con el Ayuntamiento, porque supondría "reconocer su fracaso y el varapalo judicial que saben que le ha dado el juez".

Y es que, según Fernández de Moya, la sentencia deja claro que "el Ayuntamiento denunció en tiempo y forma" el convenio, "la Junta no paga" y el Consistorio es "un ente colaborador de una competencia exclusiva" del Gobierno andaluz, cuyo último pago por el servicio de ayuda a domicilio efectuado a la Administración local "corresponde a julio del año pasado", pese a que el convenio denunciado "establece que debía de realizar los ingresos con 60 días de antelación", según ha remarcado el alcalde, que ha concluido reiterando su llamamiento de negociación a la Junta, que "no puede abandonar a los más débiles de la ciudad".