El juez de Palma Manuel Penalva ha propuesto que se juzgue a dos de los letrados que asistieron el 8 de febrero de 2014 a la declaración como imputada en el caso Nóos de la infanta Cristina por ser los presuntos autores de una grabación en vídeo en contra de la prohibición dictada por el juez José Castro.

El instructor de la investigación sobre la grabación furtiva de la declaración de la hermana del rey, que fue distribuida por Internet, ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en el que se señala a los letrados Francisco José Carvajal y María del Carmen Jiménez como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia. Ahora se inicia el proceso para que la Fiscalía plantee sus acusaciones para la apertura de juicio contra los dos letrados.

Carvajal y Jiménez asistieron a la comparecencia judicial de la infanta en sustitución del abogado Javier Saavedra, personado en la causa en representación de Robert Cockx, entonces imputado en el caso Nóos como supuesto testaferro.

La grabación filtrada se realizó a pesar de que el juez José Castro había prohibido expresamente que cualquier persona presente en la sala de declaraciones accediese con dispositivos electrónicos que permitieran la grabación de imágenes o sonido.

El juez Penalva abrió en febrero del año pasado una pieza para investigar el registro del vídeo grabado durante la declaración de doña Cristina, que se difundió a través Wouzee, una página de Internet en la que cualquier usuario puede colgar contenidos, y uno de cuyos fotogramas ilustró la portada del diario El Mundo el día después de la comparecencia.

En el transcurso de la investigación, expertos de la policía recrearon la distribución de los asistentes en la sala de los juzgados de Palma en la que prestó declaración la infanta y analizaron todos los detalles del recinto.Se tomó declaración a la práctica totalidad de los funcionarios y a buena parte de los letrados que asistieron el 8 de febrero a la comparecencia, que en total congregó a casi medio centenar de personas.

Finalmente, las sospechas recayeron en los dos letrados que habían acudido en sustitución de Javier Saavedra, que para la ocasión solicitó al juez que autorizase su asistencia como "compañeros codefensores" dado que el 8 de febrero iba a estar fuera de España.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que Jiménez y Carvajal ocultaron medios electrónicos de grabación en contra de la prohibición del juez Castro, que había resuelto en un auto del 28 de enero: "Se prohíbe terminantemente que persona alguna acceda al interior del edificio portando terminal telefónico, tablets, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos".

De la declaración de la infanta, entonces imputada por delitos fiscales y blanqueo, solo se grabó el sonido por parte del juzgado para su posterior transcripción. A raíz de la investigación resultó imputado en primera instancia Francisco José Carvajal, que declaró ante el juez instructor el 26 de febrero y quedó el libertad con cargos. El 12 de noviembre compareció también como imputada su compañera María del Carmen Jiménez.