Las urbanizaciones La Llana I y II de Argoños solicitan al Ayuntamiento las autorizaciones provisionales

El presidente de la comunidad de propietarios firma la solicitud que se formalizará durante la próxima semana
Protesta de AMA en Argoños
Protesta de AMA en Argoños
AMA
Protesta de AMA en Argoños

Las urbanizaciones La Llana I y II de Argoños, que agrupan a un total de 99 viviendas con sentencia de derribo, han decidido este domingo solicitar al Ayuntamiento las autorizaciones provisionales y formalizarán este trámite esta misma semana.

De hecho, el presidente de la comunidad de propietarios de La Llana I y II ha firmado ya la solicitud del borrador para pedir al Ayuntamiento estas autorizaciones en una reunión celebrada este domingo en el Consistorio y a la que ha asistido el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, además del aparejador municipal y el asesor jurídico.

Según ha informado a Europa Press uno de los propietarios de las viviendas, Ciriaco García, vicepresidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el encuentro de este domingo —en el que han estado representadas cerca de 70 de las viviendas— ha ido en la misma línea que el que se celebró hace una semana con los propietarios de la Urbanización Pueblo del Mar.

García ha señalado que ambas urbanizaciones, Pueblo del Mar y La Llana, están afectadas por "lo mismo", por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y, por tanto, el consejero les ha expuesto "la misma" salida, que son, en primer lugar, la solicitud de las autorizaciones provisionales, figura que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha llevado al Tribunal Constitucional.

En la reunión, que ha durado tres horas, todos los propietarios de las viviendas representadas han otorgado su apoyo a la solicitud de dichas autorizaciones.

En el encuentro con Fernández, también se ha hablado del convenio de derribos, que recoge el compromiso del Gobierno de Cantabria de que, si las viviendas tienen que ser finalmente derribadas, tendrán que entregarles otra de las mismas características.

El propietario que no desee acogerse a esta fórmula podrá optar por el cobro de la indemnización que se fije.

García ha opinado que el actual Gobierno de Cantabria pretende dejar "encauzado" todo el proceso y conceder todas las autorizaciones provisionales en el tiempo que resta antes del inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones.

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