La Fiscalía de Málaga solicitó el pasado noviembre que se formen piezas separadas dentro de la causa por las presuntas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación para desempleados, que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, que, según fuentes del caso, ya ha comenzado a crear estos apartados diferenciados.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y cuenta con varios informes policiales, en los que se apunta a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también de control.

El ministerio público pidió en noviembre que se hicieran 16 piezas que se corresponden con las 17 empresas —dos de ellas tendrían relación— que están siendo investigadas de una primera convocatoria de ayudas de diciembre de 2010, en las que los investigadores detectaron alguna irregularidad, según han precisado a Europa Press las mismas fuentes.

El objetivo sería facilitar la instrucción de esta causa y la continuación de las actuaciones, creando piezas que permanecerían dentro del mismo procedimiento ya iniciado, pero que reuniría toda la documentación relativa a las investigaciones y diligencias realizadas con respecto a cada empresa, a las ayudas concedidas en cada caso y a la tramitación de las mismas.

Inicialmente las pesquisas se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros— en la convocatoria de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación. Los investigadores han examinado la convocatoria de noviembre del mismo año, detectando también algunas irregularidades.

En junio de 2014, la Fiscalía decidió remitir el caso a los juzgados de Málaga con el fin de que siguiera la investigación, solicitando la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".

El ministerio público estimaba que inicialmente podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 8, que tendrá que tomar declaraciones, después de que la Policía detuviera a más de 40 personas.

Los investigadores de la UDEF relataban en los informes supuestas irregularidades que se habrían producido tanto previamente, como la falta de capacitación empresas a las que se dieron fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos, la falta de control o posibles falsedades en los partes de asistencia.