La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, así como otras macrocausas, obtendrá una de las cuatro nuevas plazas creadas por el Consejo General del Poder Judicial en la Audiencia Provincial, según han informado fuentes de este órgano.

La salida de la magistrada del juzgado de instrucción es prácticamente segura por ser la magistrada con más antigüedad en la carrera de los que han solicitado alguna de estas plazas, según las mismas fuentes, que aseguran que una vez adjudicado el nuevo destino y, de solicitarlo, Alaya podría seguir en su juzgado de instrucción hasta el mes de marzo, que es la época prevista para la incorporación del nuevo titular.

La resolución de este macroconcurso de destinos de la Carrera Judicial, que incluye también la adjudicación de la plaza que ocupa actualmente en comisión de servicios el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, se realizará en las próximas semanas por parte de la Comisión Permantente del CGPJ, una vez recibidos los informes del Servicio de Inspección.

El consejo ha informado este jueves que para las 364 plazas que se han ofertado, y que se adjudicarán por orden de antigüedad de los solicitantes, se han recibido un total de 740 instancias para 236 destinos. Para los otros 128 no se ha recibido ninguna petición.

La plaza más solicitada ha sido la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ofertaban 19 plazas en distintas salas de lo Civil, Penal y Mercantil.

La jueza Alaya, de 51 años de edad, y que lleva en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde el año 1998, es una de las magistradas con mayor antigüedad en los juzgados de Instrucción, y de hecho su antigüedad en la carrera judicial es el principal factor que tiene en cuenta el CGPJ a la hora de conceder las nuevas plazas judiciales.

Además del caso de los ERE irregulares, Alaya instruye otras causas como las irregularidades en los cursos de formación, la operación Madeja, el delito societario de Mercasevilla o el Betis, donde ha procesado al expresidente y exmáximo accionista Manuel Ruiz de Lopera y a otras siete personas por presuntos delitos societarios en su gestión al frente del club.

Por otro lado, un posible adelanto electoral en Andalucía no afectará a la situación judicial como aforados de los cuatro exconsejeros socialistas andaluces señalados en los ERE, al menos hasta la constitución del nuevo Parlamento, han explicado fuentes judiciales. La situación de los diputados andaluces, y por tanto aforados, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila no variará aunque la presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), convoque elecciones el próximo lunes y disuelva el Parlamento.

En ese caso, tres de ellos dejarían de ser aforados si no se incluyen en la Diputación Permanente del Parlamento, circunstancia que ahora sólo cumple Manuel Recio y que podría variar el próximo lunes 26 de enero. Ese día, el pleno extraordinario del Parlamento incluye, a propuesta del PSOE-A, la renovación de varios de los miembros de la Diputación Permanente -órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara-, una renovación que debe producirse por asentimiento.

Aunque tres de los exconsejeros no se incluyeran finalmente en la Diputación Permanente del Parlamento, el TSJA, cuando asuma el caso, no lo devolvería al juzgado de Alaya al menos hasta que se constituya la nueva Cámara andaluza, han explicado las fuentes. En cualquier circunstancia, el TSJA paralizaría por "prudencia" el caso y sólo preguntaría oficialmente si los cuatro diputados siguen siéndolo una vez que se constituya el nuevo Parlamento, han enfatizado las fuentes.

Esa práctica procesal basada en la prudencia se explica, han agregado las fuentes, por el hecho de que esos exconsejeros pudieran ser incluidos de nuevo en las listas electorales de los comicios autonómicos, que previsiblemente se adelantarán a marzo próximo. De esa forma, se evitaría que el caso lo asuma el TSJA, que luego se devuelva a Alaya y que se tenga que remitir de nuevo al alto tribunal andaluz, han apuntado las fuentes.

También se da por hecho que el TSJA no llamaría a declarar en periodo electoral a ninguno de los exconsejeros andaluces señalados por la juez Alaya, que ha imputado a 229 personas en el caso de los ERE. Una vez que se constituya el nuevo Parlamento, y si los exconsejeros ya no son diputados ni pertenecen a la Diputación Permanente, el TSJA devolvería el caso a Alaya, que ya podría citarlos a declarar a su juzgado.