El PSOE de Jaén, UGT y el comité de empresa de Multiservicios Jabalcuz han pedido este jueves al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), que remita a las personas que reciben la ayuda a domicilio la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de la capital que rechaza un decreto municipal de noviembre de 2013 para que el citado servicio fuera llevado a cabo por la Junta de Andalucía.

Ha sido en el transcurso de una visita que el secretario general del PSOE en la capital y candidato a la Alcaldía, Manuel Fernández, ha realizado este jueves a la sede de Multiservicios Jabalcuz, empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad, con la que ha querido "reconocer el papel desempeñado por las trabajadoras y la dirección" de esta empresa, según ha informado el partido en una nota.

Así, el candidato socialista a la Alcaldía ha querido agradecer no solo a las trabajadoras "el ejercicio de responsabilidad" que han hecho durante este tiempo, sino también el papel de la empresa, que "al día siguiente de recibir el decreto del alcalde se encontró sin un papel para prestar el servicio".

"Cualquiera podría haber dicho nos vamos, se cierra, pero en este caso no fue así, dirección y trabajadoras dijeron que lo importante es seguir prestando los cuidados. No podemos obviar esa lección de lucha", ha razonado Fernández, para quien la sentencia conocida esta semana demuestra "la medida de los despropósitos políticos" del alcalde, que "mantuvieron en vilo a la opinión pública durante meses". "Y no es palabra de calle, ahora es palabra de juez que el alcalde fue cruel", ha zanjado.

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, y la presidenta del comité de empresa, María del Carmen García, han reclamado al alcalde esta misiva y han abogado por que, en caso contrario, sea la Junta de Andalucía la que "tome la iniciativa" ante el "mutismo" de Fernández de Moya "y las peticiones no atendidas de disculpa pública hacia los enfermos y sus cuidadoras".

De esta manera, quieren que el alcalde "envíe un escrito con la sentencia que garantiza el servicio para tranquilidad de todas las personas que durante este año y medio han vivido en la incertidumbre con las misivas en las que el PP en el Ayuntamiento, capítulo a capítulo, les certificaba el abandono de la prestación".

Cazalilla ha calificado la interpretación de la sentencia por parte del alcalde de "surrealista" porque "es absolutamente clarificadora, no solo condena al Ayuntamiento a continuar con esta labor, sino que además lo condena a costas, con lo que queda identificado doblemente por el juez quién ha obrado mal".

Mientras el responsable de UGT se ha preguntado por la "sensibilidad" del alcalde al "abandonar el servicio", García ha manifestado que durante muchos meses ha habido casos de empleadas a las que el retraso en las nóminas las ha llevado a tener que acudir a organismos como Cáritas para sostener sus hogares. "El alcalde ya deja clara con la actitud que mantuvo antes y la que mantiene ahora que ha actuado de mala fe. Es hora de que reconozca que no lo hizo bien", ha abundado.