El Gobierno de Cantabria tendrá que indemnizar a los dos ocupantes de una moto que, en agosto de 2010, colisionaron con un jabalí que cruzó la carretera por la que circulaban en la Reserva Regional de Saja.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado las demandas presentadas por los dos ocupantes de la moto, al considerar que no se han adoptado "medidas para la acotación de terrenos en puntos de colindancia con carreteras o zonas de paso" y tampoco se han habilitado "zonas de tránsito que eviten que los animales crucen las carreteras".

El Gobierno de Cantabria, responsable de la Reserva, deberá indemnizar con 361.700 euros a la mujer que iba de acompañante en la moto por los graves daños sufridos. Además, tanto el Gobierno como el coto privado de caza -que gestiona los terrenos del otro lado de la carretera- indemnizarán solidariamente al conductor por las lesiones sufridas y por la moto, así como a la aseguradora, por la asistencia prestada a la ocupante.

El motivo de que el Gobierno responda en exclusiva a la indemnización de la mujer y lo haga solidariamente a la del conductor y el seguro se debe a que la sentencia responde a dos pleitos distintos que han sido acumulados.

Así, mientras la mujer únicamente demandó al Gobierno, el hombre incluyó en su recurso al coto de caza como posible responsable, tal y como ha confirmado la Sala. Además, ambos en sus demandas incluyeron a la Administración del Estado, como responsable de la carretera N-611, al tiempo que presentaron sendas demandas en la Audiencia Nacional.

Por eso, dado que esas demandas se están instruyendo en el citado órgano, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC no se ha pronunciado sobre esa posible responsabilidad, según ha informado este jueves en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia.

Falta de vallado

Los dos ocupantes alegan que el Gobierno de Cantabria había incurrido en "negligencia en el cuidado, mantenimiento y conservación del terreno acotado de caza" y que, además, no había tomado medidas "para evitar la salida de animales a la vía por falta de valla protectora".

El Gobierno, sin embargo, entiende que el conductor "debió acentuar su diligencia al atravesar la Reserva, que estaba debidamente advertida mediante señales". Además, añade, que "no hay dato alguno que permita justificar que el atropello se debió a negligencia en la conservación de la reserva".

Y sobre el vallado señala que "es irrealizable y resulta incompatible con el régimen cinegético de los terrenos". El vallado "no está comprendido dentro de las facultades de conservación, sino que solo puede realizarlo el propietario, no el titular del aprovechamiento, que es el Gobierno de Cantabria", añade.

A tenor del atestado elaborado por la Guardia Civil, la Sala señala que no puede hablarse de "infracción de normas por parte del conductor" ni tampoco "puede acreditarse la procedencia del animal". Y añade que no vallar la Reserva es "una opción legítima de los poderes públicos", si bien genera una "situación de riesgo susceptible de causar daño que debe indemnizarse de no mediar un comportamiento de la víctima determinante en la producción del evento".

Añade que del informe del perito "se acredita la expansión demográfica de esta especie cinegética, y la existencia de tres accidentes en el kilómetro 140, distante a dos kilómetros del lugar en el que sucede el accidente que nos ocupa".

INDEMNIZACIONES

En su demanda, la mujer reclama un total de 904.584 euros, dadas las graves lesiones que sufrió. La Sala finalmente ha fijado una indemnización de 361.700 euros que se corresponden a los seis meses de ingreso hospitalario y otros tantos impeditivos, a las secuelas que le han quedado, a los perjuicios estéticos y a los daños morales.

En este punto, explica la sentencia que a la lesionada sí le corresponden daños morales, derivados de la necesidad de ayuda de tercera persona para realizar actividades esenciales de la vida.

Sin embargo, atendiendo a su situación personal y a la prestación que recibe de la Seguridad Social por gran invalidez, entiende la Sala que estos daños morales deben resarcirse con una indemnización de 150.000 euros, frente a los 300.000 que reclamaba, máximo fijado para estos casos.

Por su parte, el conductor del vehículo, que sufrió lesiones que le obligaron a permanecer seis días en el hospital y 120 impeditivos y 155 no impeditivos, reclamaba 84.000 euros, que finalmente la Sala ha dejado en 21.363.

Así, recibirá una indemnización de 10.020 euros por las lesiones, 1.373 por las secuelas (una cicatriz en el dorso de una mano) y 9.990 euros por la moto. En cuanto a los daños morales reclamados, la Sala entiende que "no han quedado acreditados". Finalmente, la aseguradora del vehículo recibirá 167.753 euros por la asistencia médica prestada a la mujer lesionada.