Un gobierno en funciones no podrá suscribir convenios, realizar contrataciones, aprobar proyectos de ley o convocar oposiciones en Extremadura, según contempla el proyecto de ley que regula el proceso de transición entre ejecutivos en la comunidad, debatido este jueves en el Parlamento autonómico.

La norma, que no ha recibido enmienda a la totalidad alguna por parte de los grupos políticos y que continúa ahora su tramitación en comisión parlamentaria, con la pertinente apertura del plazo de enmiendas, regula la acción de gobierno tras el cese de un presidente autonómico y establece medidas concretas en cuanto al traspaso de poderes entre ejecutivos.

Asimismo, desarrolla aspectos fundamentales del proceso de formación del nuevo gobierno; y contiene como fundamento primero el principio general de continuidad del gobierno, que se concreta en el principio de mínima intervención, el de neutralidad política, y en los principios de lealtad, colaboración, información y transparencia.

NITIDEZ

Durante la exposición del proyecto de ley este jueves en sesión plenaria en la cámara extremeña, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, ha considerado "absolutamente necesaria" la ley, porque busca como objetivos prioritarios "garantizar" la continuidad de las actuaciones administrativas para que "no" se produzca "vacío de poder" entre un gobierno de funciones y otro nuevo.

Tras indicar que el objetivo es que el traspaso de poderes en la comunidad se realice de la manera "más clara y nítida posible", ha señalado que se pretende igualmente "evitar" que el gobierno en funciones adquiera compromisos "más allá de los estrictamente necesarios".

Además, la norma trata de "permitir" que el gobierno entrante disponga de "toda" la información y "todas las claves" para que pueda actuar "desde el primer momento" y "no" tenga así "ningún vacío" o "demora" en la puesta en marcha de su programa.

En este sentido, Checa ha señalado que se trata de "una norma que no va contra nadie" sino "a favor de los ciudadanos" y de la "regeneración democrática", y con la que se busca también que los políticos ganen "crédito" ante la sociedad "como colectivo de personas dedicadas a una labor durante el tiempo que deseen los ciudadanos".

Además, ha subrayado que es una ley con un carácter "pionero" porque ninguna otra en el país cuenta con un contenido "tan minucioso"; al tiempo que ha añadido que el objetivo es que los ciudadanos "sepan que pueden confiar en el sistema político y que éste no les va a defraudar porque van a actuar con la mayor transparencia".

Control "eficaz"

Checa también ha dicho que la ley regula la acción de gobierno tras el cese de un presidente; establece medidas concretas en el traspaso de poderes; y desarrollar aspectos "básicos" del proceso de formación de un nuevo ejecutivo.

Asimismo, ha explicado que la norma recoge con "precisión" la información "obligada" que debe facilitarse al ejecutivo entrante, y se posibilita que el candidato a presidir el gobierno pueda requerir que se convoquen comisiones de traspaso que sirvan como "control eficaz" del contenido de la ley.

De igual modo, ha apuntado que incluye que consejeros y altos cargos en funciones tienen la "obligación" de cumplir con "todo" lo que el nuevo presidente les encomiende hasta que se nombre el nuevo ejecutivo.

Además, el consejero ha señalado que se prohíbe expresamente que el presidente y miembros del Consejo de Gobierno y personal directivo y eventuales "vinculado" a la toma de decisiones pueda concurrir a procesos selectivos durante su mandato. Esas prohibiciones se extienden a los dos años posteriores al cese.

PREX-CREX

A su vez, el portavoz de PREX-CREX, Damián Beneyto, ha considerado que "aunque no debía ser necesaria (la ley), la triste realidad es que hay que escribirlo y que hay que legislar (sobre los temas que trata)", al tiempo que ha añadido que "en general" se trata de una norma que "viene a cuento" salvo en algún aspecto que, según ha dicho, habría que "enmendar".

Así, ha afirmado que la ley en cuestión "debería ser innecesaria" porque "se supone que la transición debería ser modélica" entre un gobierno saliente y otro entrante.

Sin embargo, ha considerado que "la verdad es que el gobierno que sale, sale como puede y el que entra se encuentra con lo que no creía que se iba a encontrar", lo que provoca que se tengan que aplicar —indica— leyes como la debatida este jueves.

IU

Por su parte, el diputado de IU Víctor Casco ha señalado que los ciudadanos "han perdido la credibilidad" en sus representantes políticos "cuando ven lo que sucede con Bárcenas, o con la existencia de cajas B, o de corrupciones o de corruptelas diarias y continuas a través de los medios de comunicación" y "no" por la forma en la que debe traspasarse el poder entre un gobierno y otro.

Ha señalado que es una norma en general aceptable por parte de IU, aunque ha mostrado su deseo de que "ojalá" no fuese necesario aprobarla, porque alude a temas que deberían ser aplicados sin necesidad de legislar, ha explicado.

De igual modo, ha señalado que IU ve "bien" la imposibilidad por parte de altos cargos de concurrir a un proceso selectivo convocado por el que haya sido su gobierno.

"Parece una ley interesante porque abre las puertas a debates que queremos traer a esta cámara", ha señalado Casco, quien ha añadido que IU "no le tiene miedo a dejar toda la intensidad posible para que determinadas leyes salgan adelante (de aquí al final de legislatura)".

PSOE

Por su parte, el diputado del PSOE Alfredo Escribano ha pedido la retirada de la ley para ver posteriormente "cuándo" se habla "con sosiego" de las cuestiones que contempla.

En este sentido, ha señalado que "es evidente" que "aquí lo que se pretende es que haya regeneración política", al tiempo que ha dicho que eso se basa en "demostrarlo día a día", y ha criticado también la forma en la que el Gobierno regional está presentando normas para su aprobación parlamentaria a pocos meses de las elecciones.

Además, ha dicho que se trata de una norma que "en la primera fase de la legislatura, donde hubo mucha propaganda" hubiera sido el momento "idóneo" para haberla presentado a los grupos políticos; y ha mostrado su "preocupación" por la tramitación de la misma por el procedimiento extraordinario, ya que según ha dicho "no" está justificada la urgencia.

PP

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Cantero, ha considerado "necesaria" la ley, porque pone "luz y taquígrafo" sobre los elementos a los que se refiere, y "viene para tapar una deuda absoluta que el PSOE generó con todos los ciudadanos", así como busca "dar credibilidad y rigor" en el traspaso de poderes y evitar "usos y abusos".

En este sentido, ha defendido la "información" y "transparencia" en dicho traspaso de poderes entre ejecutivos; y ha afirmado que "aquí lo que hubo fue mentira y ocultación de datos", en alusión al traspaso de poder aplicado por el PSOE al PP en 2011.

Además, ha apelado a la "inteligencia" del PSOE para apoyar la norma porque "va en favor del ciudadano". "No le podemos decir al gobierno que entre que se va a encontrar facturas del gobierno en funciones", ha espetado, al tiempo que ha rechazado que el PSOE siga "poniendo palos en la rueda" a iniciativas del Ejecutivo regional y ha invitado a dicho partido a "aportar ideas" sobre la ley en cuestión.

Finalmente, para cerrar el debate, el consejero Clemente Checa ha señalado que la ley "no es fruto" de un "momento de cierre" por la llegada de las elecciones, sino que el trámite de información pública de la misma data —ha dicho— del verano pasado.