La juez que mantiene imputados a una cuarentena de alcaldes por las dietas de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) investiga ahora a la secretaria de Organización del PSC, Assumpta Escarp, y a 9 alcaldes más de esa formación, de CiU, ERC, PP e ICV que presuntamente cobraron sobresueldos antes de 2011.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez acuerda pedir información a Las Cortes y al Parlament para que precisen si alguno de los nuevos investigados tiene la condición de aforado, de cara a plantear su imputación por malversación de caudales públicos, como le ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta ahora, la investigación de la juez -en una pieza separada del llamado caso Mercurio- se centraba en los supuestos sobresueldos encubiertos en forma de dietas que una cuarentena de alcaldes de la cúpula de la FMC cobraron de esa entidad nutrida de fondos públicos entre 2011 y 2012.

Sin embargo, a petición de la Fiscalía, la magistrada ha aceptado ampliar ahora la investigación a otros miembros de la FMC que presuntamente cobraron esas dietas entre los años 2004 -cuando supuestamente se aprobó esa fórmula retributiva- y 2011, entre ellos la secretaria de Organización del PSC y concejal socialista en Barcelona Assumpta Escarp.

El resto de investigados son el exalcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) por ICV y actual secretario de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Antoni Morral; el exalcalde de Argentona (Barcelona) Antoni Soy -ex alto cargo de ERC en el tripartito-; el exalcalde de Roses (Girona) y diputado de CiU en el Congreso Carles Páramo; el exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP); y el exalcalde de Flix (Tarragona) Pere Muñoz (ERC). La juez investiga también a los exalcaldes de Balaguer (Lleida) Miguel Águila y de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Juan Antonio Vázquez, así como a la exalcaldesa de El Vendrell Helena Arribas y la actual alcaldesa de Malgrat de Mar (Barcelona) Conchita Campoy, todos ellos socialistas.

La instructora ha decidido ampliar su investigación tras conocer la contabilidad de la FMC entre octubre de 2004, cuando la cúpula de la entidad que presidía el exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos aprobó presuntamente el sistema de sobresueldos encubiertos, y el año 2010.

Veinticinco de los alcaldes integrantes del comité ejecutivo de la Federación que supuestamente cobraron esas dietas entre los años 2004 y 2010 coinciden con los que ya están imputados por los sobresueldos percibidos entre 2011 y 2012, por lo que la juez no los volverá a citar.

De los 18 restantes cargos de la FMC que percibieron supuestamente estas dietas entre 2004 y 2010, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo excluye a ocho para quienes el delito de malversación ya habría prescrito (por haber cobrado cantidades no superiores a 4.000 euros).

Entre esos ocho alcaldes exculpados por prescripción por la Fiscalía, figuran el exministro de Trabajo y exalcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Celestino Corbacho; el exalcalde de Mataró (Barcelona) Manuel Mas, que también presidió la FMC; y el exalcalde de Montcada i Reixac (Barcelona) César Arrizabalaga.

En su resolución, la juez pide a los Mossos d'Esquadra que elaboren un nuevo informe con la lista de los integrantes del Comité Ejecutivo de la FMC que cobraron en concepto de dietas de órganos de gobierno entre los años 2004 y 2012 y el total de las cantidades percibidas.

También encarga la juez a la policía catalana que detalle las cantidades presuntamente malversadas desde 2004 a 2012 mediante el sistema de pagos de dietas de la FMC.

La misma juez que investiga las dietas de la FMC, instructora también del caso Mercurio, ha vuelto a imputar al expresidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ahora por malversar supuestamente 14.060 euros públicos destinados a formación, para regalar relojes a los miembros de la cúpula de la entidad en 2011.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez que investiga al exalcalde de Sabadell (Barcelona) en numerosas piezas separadas del caso Mercurio, de presunta corrupción urbanística, le cita a declarar como imputado, por un delito de malversación, ya que supuestamente cargó a la federación municipalista la compra de 70 relojes de la marca Calvin Klein para regalarlos a los miembros del Consejo Nacional de la FMC.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, Beatriz Faura, también ha imputado al entonces secretario general de la FMC Adolf Moreno y ha remitido un oficio a los Mossos d'Esquadra para que identifiquen a los 66 miembros del Consejo Nacional de la entidad en el periodo 2007-2011, beneficiarios de esos obsequios.

La juez ha acordado estas nuevas imputaciones a raíz de un informe de los Mossos d'Esquadra, que en la documentación contable intervenida en el registro de la sede de la Federación descubrieron la compra de 70 relojes por valor de 14.060 euros en julio de 2011, a los pocos días de la celebración del XX Consejo Nacional de la entidad.

Según la documentación intervenida, que obra en poder de la juez, el dinero para pagar los relojes fue cargado en concepto de "publicidad y propaganda" al capítulo de "formación y seminarios" de las cuentas de la federación municipalista, que en 2011 se nutrió en un 94,18 % de fondos públicos.

Por este motivo, la juez concluye que la compra de los relojes se llevó a cabo "sin que aparentemente existiera relación alguna entre el gasto y la partida presupuestaria a cuyo cargo se efectuó", por lo que cree que Bustos podría haber incurrido en un delito de malversación de fondos.

En concreto, la FMC adquirió un total de 70 relojes -50 para hombre y 20 de mujer-, lo que coincide con la composición del Consejo Nacional de la entidad, que entre 2007 y 2011 estaba integrado por 66 miembros, de los que 50 eran hombres y 16 mujeres.

La magistrada subraya la coincidencia entre las fechas de compra de los relojes -el 19 de julio de 2011- y la celebración de la XX Asamblea del Consejo Nacional de la FMC -el 22 de julio de 2011-, así como en el número de relojes y la composición de este órgano de gestión. Por este motivo, remarca que los relojes se habrían entregado supuestamente a los que habían sido gestores de la entidad, como lo eran los miembros del Consejo Nacional en el periodo 2007-2011, algunos de los cuales continuaron en el cargo en la siguiente legislatura.

Según sostiene la juez en el auto, con base en el informe policial, los cuatro relojes restantes se podrían haber destinado a solventar "algún compromiso adquirido" o a una "entrega a tercero", que no se ha podido determinar.