La investigación contra Schmidt se extiende a contratos irregulares y comisiones en un presunto fraude sin cuantificar

El juez que instruye la causa retira el pasaporte a Schmidt y al segundo imputado, Ernesto Moreno
Policías a las puertas del PAlau de les Arts
Policías a las puertas del PAlau de les Arts
EUROPA PRESS

La investigación judicial contra la exintendente del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia Helga Schmidt se extiende a presuntas contrataciones irregulares, otorgadas a dedo y sin seguir los criterios de legalidad, comisiones por patrocinios, viajes, dietas y otros gastos sin justificar en un fraude sin que por el momento esté cuantificado y que se circunscribe a los años 2008 y 2009, según ha podido saber Europa Press.

La causa se originó a raíz de una denuncia de un extrabajador del Palau —quien remitió el conocido como 'informe Diógenes'—, y como consecuencia de la misma Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación que se ha prolongado durante seis meses.

Junto a la denuncia de este exempleado, el fiscal también ha tenido entre sus manos un informe de la Intervención de la Generalitat en el que se advertía de diversas irregularidades en relación con supuestos cobros relacionados con los patrocinios.

En concreto, en dicho informe, la Intervención reflejaba que Helga Schmidt formalizó contratos que no se ceñían a la normativa legal, ya que supuestamente realizó adjudicaciones a una empresa, Patrocini de Les Arts —creada en 2008—, de la que era consejera junto a otras personas, y por la que se fijó el cobro de presuntas comisiones ilegales. También señalaba que la Fundación Palau de les Arts hizo dos pagos a Viva Europa June 24th, cuyo administrador único era Patrocini, por un evento en 2009 por un total de 348.000 euros.

Pero la investigación no se ha circunscrito únicamente a estos dos textos —el de la Intervención y el del extrabajador—, ya que va más allá y se extiende a otros contratos supuestamente irregulares otorgados sin ningún control y a dietas y gastos cargados por Helga Schmidt al Palau de les Arts cuando no tenían relación con su cargo público, entre otros.

Tras una exhaustiva investigación, el fiscal decidió poner los hechos en conocimiento del juzgado —que ha correspondido al titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado, entre otros asuntos, del caso Emarsa o del caso Vaersa—, y ayer se desarrolló una operación con diversos registros —en los que participaron agentes de la Udef Central— que culminó con la detención de Helga Schmidt y del que fuera responsable de Administración del Palau, Ernesto Moreno.

A los dos detenidos se les tomó anoche declaración en presencia de sus respectivos letrados —al menos Helga Schmidt se acogió a su derecho a no declarar— y seguidamente quedaron en libertad provisional con obligación de personación periódica en el juzgado y con la retirada de los pasaportes.

Así mismo, se practicaron un total de cuatro registros: en el domicilio de la exintendente del Palau; en el de Ernesto Moreno; en el Palau de les Arts y en la sede de una sociedad mercantil. Los registros finalizaron a las 3.30 horas de esta madrugada.

Durante todo el día de ayer, el juez mantuvo el secreto de las actuaciones de la causa —abierta por supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad— con el objetivo de asegurar la información necesaria para la investigación. Lo levantó a las 1 horas de hoy.

La intendente, APARTADA

A raíz de la investigación, la intendente ha sido apartada, al menos temporalmente de sus funciones, y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha convocado para el próximo lunes a la Comisión Ejecutiva del Patronato del Palau de les Arts para abordar las decisiones en torno a su futuro.

Cabe recordar que la responsable artística desde hace 15 años del coliseo renovó en 2013 su contrato al frente de Les Arts por un período de cuatro años.

Dicha renovación se produjo de manera automática, ya que, al tener Schmidt un contrato de alta dirección, este se tenía que haber denunciado seis meses antes de su finalización, es decir, en noviembre de 2012. Sin embargo, en aquel momento la entonces consellera de Cultura, Lola Johnson, y su departamento no inició el proceso para romper la vinculación contractual.

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