La Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja ha aprobado este miércoles la resolución del contrato con la UTE Cespa-Ortiz, participada por el empresario imputado en los casos relativos a Brugal, Enrique Ortiz, para la concesión de la planta y residuos del plan zonal XVII.

La decisión ha contado con el voto a favor de todos los municipios de la comarca y con la única abstención del representante del Ayuntamiento de Orihuela.

La resolución del contrato se ha adoptado tras los informes favorables del Consell Jurídic Consultiu, de dos catedráticos de derecho y "sobre todo del informe de la secretaria" de la Diputación de Alicante, según ha remarcado la presidenta de la institución provincial.

A ese respecto, la secretaria ha resumido ante el plenario que la UTE "presentó un extenso escrito de alegaciones" a los que "se ha contestado a todo". Así, ha explicado que la adjudicataria alegó que en el pliego de condiciones no se "exigía" la disponibilidad de los terrenos y la secretaria ha argumentado que eso era cierto, pero que se valoraba disponer de ellos, por lo que la UTE obtuvo 5 puntos que le permitieron ser la mejor valorada.

El representante de Orihuela, el concejal de Medio Ambiente Manuel Gallup, ha defendido la abstención negando que el municipio "se ponga de lado, sino que no está de acuerdo con el contrato y entiende que debe resolverse, pero no así".

Desde su punto de vista, "tal y como lo están haciendo se está haciendo mal y están perjudicando a los ciudadanos" y ha afirmado, interpelado sobre cómo debería realizarse la resolución del contrato, que "si el Plan Zonal estuviera adaptado a la normativa europea tendría unos beneficios medioambientales para la ciudadanía".

Además, Gallup ha apuntado que uno de los catedráticos "hace una recomendación de la valoración económica de las posibles repercusiones", en caso de que la empresa adjudicataria gane un proceso judicial, que "no han hecho". Por ello, el concejal oriolano se ha cuestionado si es que "¿no quieren que los ciudadanos se enteren de lo que les puede costar la nefasta gestión del Consorcio?".

"un problema"

Ante la decisión de resolución, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, ha advertido a los municipios de la Vega Baja que tienen "un problema" y ha reclamado a los representantes políticos que sean "capaces de conseguir que se solucione y que exista, en una zona apta, un vertedero de residuos".

"Tenemos que ser capaces, tras la resolución del contrato, de llegar a un acuerdo entre todos los municipios. ¿El sitio?, en una zona apta y es donde ustedes deben ser capaces de llegar a un acuerdo", ha seguido Pastor, que ha recordado que "los demás Consorcios han dado autorización —para acoger las basuras de la Vega Baja—, por un período limitado de tiempo que se podrá alargar siempre que vean que hay voluntad de resolver el problema".