Aprobados protocolos de actuación para los trabajadores públicos ante casos de acoso sexual

El conseller de Administraciones Públicas, Juan Manuel Lafuente, ha presidido la reunión de la Comisión de Igualdad durante la cual se han debatido los protocolos para la prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y por razón de sexo y el de actuación para la movilidad administrativa por razón de violencia de género. Ambos se aprobarán mediante una resolución firmada por el propio conseller.

El conseller de Administraciones Públicas, Juan Manuel Lafuente, ha presidido la reunión de la Comisión de Igualdad durante la cual se han debatido los protocolos para la prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y por razón de sexo y el de actuación para la movilidad administrativa por razón de violencia de género. Ambos se aprobarán mediante una resolución firmada por el propio conseller.

Por otro lado, en la comisión también se ha informado y debatido sobre la Instrucción que establece las pautas y recomendaciones para una comunicación no sexista a la administración de la comunidad Autónoma de las Illes Balears y sobre las próximas actuaciones a desarrollar.

En cuanto al protocolo para la prevención y la actuación en los supuestos de acoso sexual y por razón de sexo o de orientación sexual, el Govern adquiere los compromisos de preservar el derecho de los empleados públicos a ser tratados con dignidad y respeto; prevenir y no tolerar el acoso ya sea sexual o por razón de sexo o de orientación sexual; proteger el derecho del personal a no ser discriminado, a la integridad física y moral, a la intimidad, al honor y a la imagen.

Asmismo, para informar y formar al personal público para prevenir el acoso; atender con celeridad e imparcialidad las denuncias; aplicar medidas disciplinarias adecuadas cuando la infracción sea sancionable; y apoyar y asesorar a las víctimas mediante orientación y con los recursos existentes en la materia.

Por otro lado, el protocolo de actuación para la movilidad administrativa por razón de violencia de género establece un procedimiento de actuación ágil mediante el cual los trabajadores puedan ejercer su derecho de traslado a otro lugar de trabajo (dentro de la administración de la Comunidad Autónoma, a otra administración pública o traslado desde otras administraciones) y fundamentado en los principios de cooperación entre administraciones públicas, celeridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos personales para garantizar la protección de la víctima.

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