Anticorrupción no se opone a que se le conceda una pensión de 1.359 euros al exconsejero Fernández

La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que se le conceda una pensión mensual de 1.359,07 euros al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada.
El Exconsejero Antonio Fernández A Su Llegada A Los Juzgados Por El Caso ERE
El Exconsejero Antonio Fernández A Su Llegada A Los Juzgados Por El Caso ERE
EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que se le conceda una pensión mensual de 1.359,07 euros al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que no se opone a que se le conceda al exconsejero una pensión de 710,47 euros para el pago de la hipoteca de su vivienda y de 648,60 euros en concepto de salario mínimo interprofesional, lo que hace un total de 1.359,07 euros.

Al hilo de ello, las mismas fuentes han indicado que la Fiscalía no se ha opuesto a fijar esta pensión —inferior no obstante a los 1.840 euros mensuales solicitados por el exconsejero— a favor del imputado al tener en cuenta que éste, a raíz de su imputación en el caso ERE, tiene embargado su patrimonio y sus cuentas bancarias. Ahora, será la juez Alaya la que deba pronunciarse sobre dicha solicitud.

La petición del exconsejero

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, señaló que, tras su ingreso en prisión, Antonio Fernández "fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo" como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, "habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social".

De este modo, se le "han cerrado todas las puertas" y sus intentos de encontrar trabajo han resultado "inútiles", a lo que se suma el "agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar", por todo lo cual el exconsejero "carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas", según reza el escrito consultado por Europa Press.

Así, y según su abogado, al exconsejero "le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pues de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna periódica que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia".

"completa insolvencia"

"Es por ello que nuestro representado se ve en inimaginable posición —si se considera su condición de exconsejero del Gobierno de la Junta y la realidad de decenios de dedicación al servicio público, con más el posterior desempeño de un cargo electivo y de alta remuneración como presidente del indicado Consejo Regulador— de completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos, a tal extremo que de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia", alega.

A continuación, el abogado relaciona y aporta documentación acreditativa de los gastos que el exconsejero "ha de afrontar con periodicidad mensual", como el préstamo hipotecario que pesa sobre su vivienda de Jerez de la Frontera, ascendente a 710,47 euros mensuales, los gastos de la comunidad de propietarios de dicha vivienda, de 60 euros mensuales, o el suministro de agua y basuras, de 35 euros cada dos meses.

También hace alusión al gasto por el suministro de gas en su vivienda habitual, de 15 euros bimensuales, el suministro de electricidad, de 120 euros también cada dos meses, o los gastos de alimentación, vestido y consumo básico, "prudencialmente estimados en 900 euros".

No se opone a que un imputado viaje a parís

De otro lado, la Fiscalía ha pedido a la juez que levante la medida cautelar de prohibición de abandonar España que pesa sobre Carlos Leal, abogado imputado también en los ERE, todo ello después de que éste solicitara permiso a la magistrada para viajar a París el próximo mes de abril.

En un escrito, el letrado Carlos Leal ponía de manifiesto que "el escrupuloso cumplimiento de todas las obligaciones limitativas de libertad que le fueron impuestas" por la instructora el 6 de julio de 2013 "pone de manifiesto su total aquietamiento al presente proceso".

Todo ello "sin que exista la mínima sombra de sospecha de lo contrario, circunstancia que, unida al carácter provisional" de dichas medidas, entre las que se encuentra la prohibición de abandonar el territorio nacional, "en buena medida abonaría la innecesariedad de su mantenimiento y legitima a solicitar su modulación".

A juicio del imputado, ello "facilitaría una deseable mayor normalización de su vida cotidiana", por lo que pidió a la juez que se deje sin efecto la prohibición de abandonar España o, bien, "al menos" le autorice a desplazarse junto a su mujer a París entre los días 17 y 26 de abril.

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