Carga policial en Santiago
Un grupo de antidisturbios arrastran a un manifestante durante la protesta frente al Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela en la que 1.500 personas se oponían al reparto de cuotas de jurel y caballa. EFE

Un total de 6.903 agentes de la Policía y de la Guardia Civil se han visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas a detenidos en España entre los años 2008 y 2013. En ese periodo, las condenas firmes a los agentes ascendieron a 47. Estos son los últimos datos disponibles, según el Gobierno, de investigaciones sobre la "extralimitación o vulneración de los derechos humanos" por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La lectura que hace el Ministerio del Interior de su propia estadística —parcial al no recoger datos de policías autonómicas o locales y desactualizada— es que la ratio de condenas acredita que solo una ínfima parte de los casos investigados terminan siendo "denuncias de verdad". Fuentes de Interior añaden que en España "tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil actúan con escrupuloso respeto a la legalidad en el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales".

Sin embargo, organismos internacionales (ONU y UE), así como diversas ONG nacionales especializadas en derechos humanos denuncian que, si bien no se puede hablar de torturas sistemáticas en España, los malos tratos policiales son "más que casos aislados" una realidad "infravigilada" en la que los agentes gozan de una "gran impunidad".

Con motivo del 30 aniversario de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos degradantes, la asociación de la abogacía española presentó el mes pasado la primera guía práctica para letrados sobre cómo abordar los malos tratos en sistemas de detención, desde que se producen hasta que se juzgan. El autor de la guía, Valentín Aguilar, coordinador a su vez de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, asegura tajante que España tiene mucho que mejorar en el trato a los detenidos. "En mi opinión se siguen manteniendo niveles intolerables de maltrato. Todavía hay mucha existencia de casos y concesión de indultos. La administración no está tomando las medidas adecuadas", denuncia.

  Nº DE INVESTIGACIONES Nº DE CONDENAS
2008                     1099            14
2009                     1406            15
2010                     1256              7
2011                     1100              6
2012/2013                     2042              5

Agresiones en la vía pública y en dependencia policial

Este jueves, en un seminario sobre la tortura en España, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, denunciaba que  "la investigación imparcial y rigurosa de la tortura no existe" en este país, principalmente porque "no se reconoce que existe un problema" y eso conlleva que "no se toman las medidas necesarias".

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), organización estatal que aglutina a medio centenar de asociaciones locales para la defensa de los derechos humanos, presenta anualmente sus propios informes sobre la denuncia de la tortura en España. La coordinadora es muy crítica con la falta de investigación, sanción y resarcimiento a las víctimas de malos tratos en el sistema de detención. Su portavoz, Jorge del Cura, opina que el Gobierno no cumple ni sus propios compromisos, como el de crear un registro común de situaciones de abusos, con datos de todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Los sectores más vulnerables, los presos, son los que más abusos sufren, pero no son los que más denuncian Los únicos informes oficiales disponibles sobre maltrato policial están alojados en la web de la Convención contra la Tortura de la ONU y se corresponden a los años 2010, 2011 y 2012. A pesar de que  solo fiscalizan la labor del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de su lectura se extrae la conclusión de que la mayoría de las "vulneraciones de los derechos humanos" a personas detenidas se producen durante su identificación o en controles policiales realizados en la vía pública. Le siguen, en volumen de casos, las agresiones a detenidos en dependencias policiales. De la mayoría de los hechos se tiene conocimiento por denuncias de los afectados, por encima de las actuaciones perseguidas de oficio por el ministerio fiscal. Asimismo, se deduce que las "agresiones con lesiones" y "las amenazas, coacciones, injurias y vejaciones" son las ofensas más referidas. También abundan la "grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales o físicas", así como las "torturas". En esos tres años se hacen constar siete homicidios.

Del Cura calcula que un 10% de las denuncias de las que la Coordinadora tiene conocimiento hasta el año 2011 provenían de detenidos en el régimen de incomunicación, el que se aplicaba en la lucha antiterrorista. Estas denuncias han descendido considerablemente desde que ETA anunciara el fin de la actividad armada. Las denuncias que suben son las agresiones "durante o después de manifestaciones" y las que sufren los "inmigrantes".  Sin embargo, el portavoz de la CPDT ve necesario hacer la distinción entre víctimas y denunciantes. "La gente puede denunciar los abusos cuando tiene un mínimo de conciencia y ganas de pelear. Vemos, y es una sensación a falta de pruebas, es que los sectores más vulnerables, los presos comunes, son los que más sufren esta situación. Pero no se atreven a denunciar el maltrato porque nadie les va a creer". La coordinadora no es capaz de cuantificar estos casos, pero abundan, según les refieren con asiduidad abogados del turno de oficio.

Un protocolo médico y más videovigilancia

El letrado Valentín Aguilar asegura que es muy complicado identificar, probar y documentar casos de malos tratos policiales, de ahí que haya tan pocas condenas todavía. Entre las medidas que ayudarían a erradicar las extralimitaciones policiales, señala, la mejora de los sistemas de grabación con cámaras en los centros de detención y la implantación de un protocolo unitario para la asistencia médica de todas las víctimas, tanto fuera como dentro de las prisiones. "Es urgente que los médicos puedan atender a las víctimas sin la presencia policial y que el informe que hagan se lo entreguen en mano a ellos, o en su defecto al juzgado, y no a sus custodios", pide.

La Coordinadora contra la Tortura están actualmente analizando todas las sentencias recientes por maltrato policial y torturas que obran en su poder. En una fase preliminar del estudio ya han detectado que en España no se utilizan las "torturas clásicas de los años ochenta" (los métodos de la bolsa, las bañeras o los electrodos), sino que estas han sido sustituidas por la "tortura blanca o psicológica". "Este tipo de abusos no deja marcas o sangre y son más difíciles de investigar", explica Del Cura, quien pone como ejemplos: obligar a hacer ejercicios físicos hasta la extenuación, mantener en posiciones de pie sin descanso y otras humillaciones que "destruyen la personalidad" con el objetivo de "buscar información o autoinculpaciones".

"Estas prácticas generan personas que salen a la calle pensando que no valen para nada. Y que no se identifican como torturados, porque no les desnudaron, ni les pegaron", añade.

Según aprecia Del Cura en España las denuncias se mantienen estables año tras año, "con algunos picos", pero "la violencia institucional aumenta, como también lo hace el miedo a denunciar". El miércoles pasado, sin ir más lejos, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa hacía público su informe anual y en él señalaba precisamente a España como uno de los países donde se han detectado casos de intimidación y represalias de los agentes públicos hacia personas detenidas que denuncian malos tratos.