La desaparición de la acción de los carroñeros ha aumentado las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y los costes agroalimentarios, según un estudio de investigadores españoles publicado por la revista Scientific Reports y reseñado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla.

Este estudio determina que la decisión de la Comisión Europea de obligar a los ganaderos a retirar del campo y destruir en plantas autorizadas los cadáveres de los animales muertos, ahora rectificada, creó una fuente de emisión de GEI sin precedentes, tanto por la quema de las reses como por las emisiones derivadas de su transporte.

La obligatoriedad de retirar las reses muertas, acordada en 1974 tras el brote de encefalopatía espongiforme bovina, conocida como la enfermedad de las vacas locas, supuso "importantes e innecesarios costes ambientales y económicos", a la vez que anuló un importante servicio ecosistémico proporcionado por los carroñeros desde hace milenios.

A pesar de que desde 2011 la UE permite a los ganaderos abandonar en el campo los cadáveres de ganado extensivo, una parte importante sigue siendo retirada de las explotaciones ganaderas por empresas autorizadas conforme a lo dispuesto por la normativa anterior.

Este estudio cifra en 77.344 toneladas de CO2 las emisiones a la atmósfera como resultado del transporte de cadáveres de ganado extensivo en España, lo que supone un 0,1% del total de emisiones por transporte en 2012 y un volumen equivalente al 25% de todas las emisiones del cultivo de arroz o al 8% de la industria química.

Además, esta normativa redujo la disponibilidad de alimento para las especies carroñeras, lo que perjudicó a la población de buitres en España, que alberga el 95% de todos los buitres europeos.

Los investigadores defienden que se mantengan los sistemas naturales tradicionales de eliminación de los cadáveres de ganado por parte de los carroñeros, no solo para conservar la biodiversidad sino porque también benefician a los humanos, pues esta actividad controla enfermedades y además se reducen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

La suplantación del servicio ecológico proporcionado por los carroñeros mediante la eliminación artificial de los cadáveres además supone unos pagos anuales de los ganaderos y las administraciones públicas a las compañías de seguros de alrededor de 40 millones de euros, según este estudio.

En este equipo de investigadores participa la investigadora de la UPO Martina Carrete, junto a Zebensui Morales Reyes, Juan Manuel Pérez García, Marcos Moleón, Francisco Botella, Carolina Lazcano y José Antonio Sánchez Zapata de la Universidad Miguel Hernández, de Elche; Rubén Moreno Opo, de la Complutense; Antoni Margalida, de la Universidad de Lleida y la Universidad de Berna, y José Antonio Donázar, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC)