La Comunidad Islámica lleva al PA a los tribunales

  • La mezquita de Sevilla se ha financiado con aportaciones privadas.
  • Sus representantes no dirán de quiénes por expreso deseo de los donantes.
Los juzgados están haciendo horas extras. En seis días de campaña,
los candidatos a la Alcaldía han presentado cuatro denuncias. A ellas se unirán dos de la Comunidad Islámica de España.

Una por «injurias y calumnias» contra el candidato del PA, Agustín Villar, que vinculó al grupo terrorista Al Qaeda con la financiación de la mezquita de Sevilla. La segunda, según Malik Ruiz, uno de los representantes de la comunidad en Sevilla «contra el diario Abc, por su campaña de difamación».

La Comunidad dijo que no está vinculada a ningún país o grupo y que la mezquita ha contado con donaciones privadas, aunque no desveló de quiénes por deseo expreso de los donantes. El Gobierno central «tiene información», explicaron, de sus movimientos. En la mezquita, añadieron, «no habrá ni un sólo euro ilegítimo o ilegal».

A pesar de todo, Agustín Villar sigue pidiendo que se aclare «quién está detrás de la financiación».

La mezquita

Situación: El proyecto está paralizado por el contencioso presentado por los vecinos de Bermejales contra la concesión de los terrenos.

Presupuesto: Ronda los seis millones de euros. La Comunidad Islámica ha abonado al Ayuntamiento un canon de 35.000 euros y 60.000 euros por el proyecto básico, además de 12.000 euros a la Gerencia de Urbanismo por un estudio sobre la altura del alminar y las licencias de la biblioteca, el aparcamiento y el salón de actos.

Servicio: Se convertirá en el espacio de oración de los 7.000 musulmanes de Sevilla, pero «estará abierta a todos los ciudadanos».

Bami contra el alcalde e IU

Los vecinos de la asociación Bami Unido también se han sumado al carro de las denuncias. Ayer presentaron una contra el candidato del PSOE y alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el delegado del Polígono Sur, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el edil de Gobernación, Francisco Fernández.

Todo se debe al supuesto incumplimiento de los acuerdos adoptados en el pleno municipal para erradicar a los gorrillas, la doble fila y la inseguridad en esta zona.

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