Los condenados por el caso 4F han pedido este martes a la Fiscalía que revise su proceso, en el que se sienten víctimas de un montaje judicial, ya que creen que hay suficientes indicios para que se actúe de oficio, aunque no descartan aportar más pruebas si el ministerio público no mueve ficha.

La Fiscalía descartó el pasado lunes actuar de oficio para revisar el caso 4F, que ha recobrado notoriedad tras la emisión en Televisió de Catalunya (TVC) del documental Ciutat Morta, en el que se denuncia un montaje policial y judicial para encarcelar a tres jóvenes por supuestamente dejar en coma a un urbano de una pedrada en la cabeza la madrugada del 4 de febrero de 2006.

En el proceso fueron condenadas otras seis personas, entre ellas Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso penitenciario poco después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia, pese a que ella siempre sostuvo que no estuvo a las puertas del local ocupado de la calle Sant Pere Més Baix, donde ocurrió la trifulca.

En rueda de prensa, Rodrigo Lanza, que fue condenado a cinco años de cárcel —que ya ha cumplido íntegramente— por arrojar una piedra que dejó en estado vegetativo a un urbano, ha exigido que se restaure su inocencia, que considera "más que probada".

"Se puede restaurar mi inocencia, pero a Patri nadie le va a poder devolver la vida. Nadie ha pedido perdón", ha exclamado Lanza, que ha roto a llorar al recordar a Patricia Heras, que fue detenida en el Hospital del Mar -donde acudió, según su versión, para curarse las heridas que se hizo al caer de una bicicleta-, después de que los agentes que participaron en el dispositivo de Sant Pere Mes Baix supuestamente la reconocieran por su peinado.

La abogada Laia Serra, que ha intervenido en la rueda de prensa en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del ICAB, que actuó como observadora en el juicio del 4F, ha denunciado que en el procedimiento hubo "insuficiencias en la investigación, denegación de pruebas de forma sistemática y una sombra de duda sobre la imparcialidad del tribunal".

Con todo, tanto Serra como el portavoz de la Coordiandora para la Prevención de la Tortura, Andrés García, han exigido al Ayuntamiento y a la Guardia Urbana abrir una investigación, y consideran también que investigar no es responsabilidad de los familiares, sino de Mossos d'Esquadra y Fiscalía "con los indicios de este documental", pese a que el Ministerio Público ya dijo el lunes que la película no es en sí misma una prueba jurídica. El portavoz de Amnistía Internacional, Daniel Vilaró, ha acusado a las instituciones de que siguen sin reconocer que las torturas policiales son "un problema persistente al que nadie pone freno", y que no se investigan adecuadamente.

Rodrigo cree que le acusaron a él y a otros dos chicos, los tres de origen sudamericano, por motivos racistas: '¿Dónde están los sudacas de mierda?', dice que oyó gritar a uno de los policías. "Soy consciente de que fueron a por nosotros porque éramos sudamericanos. Es más fácil condenar a tres sudamericanos que a tres catalanes", ha dicho. Ellos fueron los únicos que ingresaron en prisión preventiva. Sin embargo, Laza considera que su inocencia ha quedado demostrada desde el primer día: "Está probado y más que probado. A día de hoy sigo siendo culpable de este delito que no he cometido", ha dicho emocionado.

Es por eso que su madre ha cargado contra la actitud de quien entonces era alcalde de Barcelona, Joan Clos; contra la todavía titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García Martínez, que se encargó del caso, y contra la Audiencia de Barcelona, que, según ella, ya tenía la sentencia clara antes del juicio. "Llevamos años gritando a un muro. Esclarecer la verdad no le va a devolver ni un día de lo que ha sufrido, pero tiene derecho a recuperar la inocencia", ha reclamado la madre, que ha lamentado que el entonces alcalde ni su sucesor, Jordi Hereu —entonces responsable municipal de seguridad— jamás la recibieron.

Silvia García, abogada de profesión y amiga de la condenada Patricia Heras, ha asegurado que el lunes la despidieron de su puesto de trabajo en la empresa del ámbito de la seguridad privada Segur Ibérica; según ha dicho, la han despedido por participar en el documental, por lo que prevé presentar una denuncia.

Sobre el testigo que en el documental se menciona que sabe quién lanzó un tiesto desde el edificio okupado y que hirió al agente —lo que exculparía a los condenados que no estaban en el inmueble—, Xapo Ortega ha dicho que de momento van a respetar su anonimato, pero que la Fiscalía "hace tiempo que sabe que este testigo existe".

"Tras el suicidio, creyó oportuno decirlo porque no quería soportar más esa carga. Él en ningún caso quiso que su imagen trascendiese", ha añadido el codirector del documental. De hecho, ha asegurado que le tienen grabado pero que no incorporaron las imágenes para no restar credibilidad al documental, pues aparecía con la cara y la voz distorsionadas.