El proyecto de ley de Protección Ambiental de Extremadura elaborado por el Gobierno autonómico flexibiliza los requisitos y agiliza trámites administrativos necesarios a la hora del establecimiento de empresas en la región, con el fin de facilitar las implantaciones de éstas.

Tras indicar que se trata de una de las propuestas legislativas "más importantes" de esta legislatura, la vicepresidenta regional, Cristina Teniente, ha apuntado que se trata de una norma "muy demandada por el conjunto de la sociedad".

Asimismo, ha añadido que la misma deroga la Ley de Prevención y Calidad Ambiental autonómica de 2010, así como que incorpora aspectos de la legislación nacional en lo que respecta a la prevención y al control de la contaminación, a las emisiones industriales y a la evaluación ambiental.

Se trata, según ha indicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes, de un proyecto de ley "socialmente aceptado" porque en aquellas actividades que "no ofrecen problemas ambientales hay que flexibilizar los requisitos y agilizar los trámites para facilitar el establecimiento de empresas en la región".

Se incluyen, así, dentro de la citada norma categorías con tramitaciones "más ágiles, más sencillas", tales como actividades artesanales o la cría en cautividad de caracoles, y que según ha resaltado Teniente "no requieren una tramitación administrativa compleja" y en las que por tanto "hay que flexibilizar los trámites".

OBJETIVOS

Como principales objetivos de la Ley de Protección Ambiental, Teniente ha señalado "fundamentalmente" la reducción de cargas administrativas para los promotores; dar "celeridad" en la tramitación de los procedimientos administrativos y "acortar" sus plazos; y "agilizar" la implantación de nuevas actividades en la región.

Además, dicha ley persigue lograr una tramitación ambiental "más eficaz", así como "armonizar el medio ambiente con el desarrollo económico, con la economía, buscar ese equilibrio"; y proporcionar seguridad jurídica a los promotores.

NOVEDADES

A su vez, como principales novedades de la ley, la vicepresidenta ha dicho que se eliminarán los trámites de información pública a la hora de realizar la tramitación del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada en el Diario Oficial de Extremadura, que actualmente es de 20 días hábiles. En su lugar, la Dirección General de Medio Ambiente realizará un anuncio en su sede electrónica por un plazo de 10 días.

Además, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada pasará de los seis meses actuales a tres meses; y el informe del Impacto Ambiental Abreviado deberá formularse en un plazo máximo de dos meses, en lugar de los tres meses actuales.

Otro aspecto "importante" de dicha norma, según Teniente, es que se suprime la "necesidad" de que en el expediente administrativo conste un informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento del territorio donde se pretendan ubicar las instalaciones sujetas a autorizaciones ambientales unificadas.

De este modo se logra —ha incidido la vicepresidenta— "avanzar en la simplificación y reducir las cargas administrativas para el promotor" y "acelerar la tramitación".

"Se revisan, se actualizan los anexos de actividades y se favorece la simplificación, porque muchas de ellas se podrán tramitar mediante una comunicación ambiental", ha añadido.

Finalmente, Cristina Teniente ha recordado que esta modificación junto con alguna más en materia normativa, como la Ley del Suelo, fue uno de los cambios legislativos que se proponía en el Plan autonómico de Simplificación de procedimientos administrativos y burocráticos.